Diversos incidentes y desarrollos legales en las últimas horas subrayan la complejidad de los desafíos de seguridad y justicia a nivel global y en la frontera México-Estados Unidos.
Fallo Histórico: Caso Anastasio Hernández Rojas
Casi 15 años después de su muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo contundente encontrando a agentes fronterizos de EE.UU. responsables de la tortura y muerte del ciudadano mexicano Anastasio Hernández Rojas en mayo de 2010 en la frontera de San Diego.
El informe detalla cómo Hernández Rojas fue golpeado y sometido a múltiples descargas con una pistola Taser mientras estaba esposado y sometido en el suelo, acciones que la CIDH calificó explícitamente como tortura.
La Comisión:
Instó a reabrir la investigación penal contra los agentes involucrados y a sancionar a quienes encubrieron los hechos.
Condenó las políticas de uso de la fuerza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), calificándolas de incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos por no priorizar medios no violentos, no limitar la fuerza letal como último recurso y no definirla clara y objetivamente.
Exigió reparaciones integrales para la familia Hernández Rojas y cambios en las políticas y entrenamiento de CBP para alinearlos con los estándares internacionales de necesidad y proporcionalidad.
Mencionó preocupaciones sobre los «equipos de incidentes críticos» de CBP, acusados de encubrir pruebas en casos de uso excesivo de fuerza.
Este fallo podría sentar un precedente importante para otros casos de violencia policial en EE.UU. pendientes ante la comisión.
La decisión resalta las tensiones en la frontera y las crecientes preocupaciones por los derechos humanos en el contexto de la aplicación de políticas migratorias «Esta comisión ha expresado preocupación porque varias leyes de EE.UU. no exigen el uso de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza»- Comisión Interamericana de Derechos Humanos )
Conflictos globales y seguridad regional:
Pakistán: La violencia separatista en Baluchistán se intensificó en marzo, destacando el secuestro de un tren (Jaffar Express) por militantes del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA). Además, un ministro paquistaní advirtió sobre un posible ataque indio en las próximas 24-36 horas, elevando las tensiones regionales.
Militantes talibanes (TTP-Hafiz Gul Bahadur) atacaron una base militar en Bannu, causando 34 muertes a principios de marzo.
Myanmar: A pesar de un devastador terremoto a finales de marzo y un supuest alto el fuego unilateral, el ejército de Myanmar continuó con ataques aéreos, incluso en zonas afectadas por el sismo y bloqueando ayuda humanitaria en áreas no controladas. Las regiones de Magway y Mandalay sufrieron una escalada de violencia.
Bangladesh: Aumentó la actividad militante en los campos de refugiados Rohingya, con enfrentamientos entre el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) y la Organización de Solidaridad Rohingya (RSO), y ataques a civiles.
Papua Nueva Guinea: Estalló violencia mortal en la mina de oro de Porgera entre mineros informales y fuerzas de seguridad estatales, incendiándose equipo minero.
México: Un ciberataque afectó el portal del gobierno municipal de Guadalupe, Nuevo León. En la zona metropolitana de la CDMX, residentes de la «Colonia 4T» se enfrentaron a la policía por el cambio de nombre de calles , y se reportaron más de 7,000 arrestos por delitos de alto impacto desde el inicio de la gestión de Sheinbaum.
Colombia: La periodista Jineth Bedoya abandonó su lucha de 25 años por justicia en su caso de secuestro y abuso sexual por paramilitares.
Estados Unidos: Continúan las controversias por las tácticas de ICE bajo la administración Trump, incluyendo allanamientos sin orden judicial invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y el presunto objetivo de niños migrantes no acompañados. Agentes federales allanaron por error una casa en Oklahoma City. En Nueva York, se reportaron múltiples incidentes criminales, incluyendo apuñalamientos y tiroteos.
Estos eventos ilustran un panorama complejo donde la justicia histórica (caso Hernández Rojas, Bedoya), la criminalidad urbana (NYC, CDMX), los conflictos geopolíticos (India-Pakistán) y las insurgencias/represión estatal (Pakistán, Myanmar, Venezuela ) coexisten, presentando desafíos multifacéticos para la seguridad y el estado de derecho a nivel local y global.
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