Se cumple un año de aquel 5 de marzo de 2025, cuando el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, reveló lo que hasta ahora es considerado el mayor centro de reclutamiento y adiestramiento criminal atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un año después, el caso sigue abierto, con sentencias ya dictadas, procesos en curso y una profunda herida para cientos de familias que aún buscan respuestas.
El hallazgo del Rancho Izaguirre que sacudió a México
El Rancho Izaguirre, ubicado en el ejido La Estanzuela y con una extensión superior a los 10 mil metros cuadrados, fue intervenido el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tras recibir una denuncia anónima.
En el predio encontraron cientos de prendas, zapatos, mochilas, presuntos restos humanos calcinados y estructuras que, según testimonios posteriores, eran utilizadas para adiestramiento criminal.
Meses antes, en septiembre de 2024, la Guardia Nacional había realizado una intervención en el mismo sitio, con saldo de diez detenidos y dos víctimas liberadas. Sin embargo, en ese operativo no se documentaron los restos humanos ni la magnitud de objetos personales hallados posteriormente.
El inventario oficial superó las mil 800 prendas y objetos, incluyendo ropa de mujer, infantil y más de cien pares de zapatos.
Ante la presión y la magnitud del caso, la investigación pasó de la fiscalía estatal a la Fiscalía General de la República (FGR). La presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas como la creación de una base única de información forense y la publicación mensual de cifras oficiales de personas desaparecidas.
¿Qué se encontró en las investigaciones del caso del Rancho Izaguirre?
Las investigaciones federales señalaron que el funcionamiento del Rancho Izaguirre estuvo respaldado por una red de protección institucional.
Entre los principales implicados figura el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada. Según la FGR, el exedil habría utilizado patrullas, armas y policías municipales para resguardar el sitio, impedir fugas y garantizar la operación del CJNG, a cambio de pagos mensuales.
En la estructura criminal también fueron señalados José Gregorio “El Lastra” Armida, identificado como jefe de adiestramiento, y Alma Rosa “La Leona” Rivera Martínez, presuntamente encargada de la captación de víctimas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales como TikTok y en terminales de autobuses.
De acuerdo con las indagatorias, jóvenes de distintos estados eran atraídos con promesas de empleo como guardias de seguridad. Una vez trasladados al rancho, quedaban incomunicados y sometidos a un régimen de violencia sistemática.
¿Cómo operaba el presunto centro de reclutamiento?
El funcionamiento interno del Rancho Izaguirre ha sido reconstruido principalmente a partir de testimonios de sobrevivientes.
Relatos difundidos por el colectivo y en medios independientes describen un esquema de control absoluto: despojo de pertenencias, segregación por género, entrenamientos físicos extremos, castigos colectivos y ejercicios con armas.
Los castigos incluían golpizas, privación de alimento, exposición a ataques de perros y rituales violentos destinados a infundir miedo. Algunos testimonios refieren que los reclutas eran obligados a participar en la limpieza de escenas de ejecución y en la excavación de fosas.
El aislamiento era total. Quienes intentaban escapar eran castigados o desaparecidos. Algunos reclutas considerados “aptos” eran enviados a operar a estados como Zacatecas o Aguascalientes; otros nunca volvieron a ser vistos.
Sentencias y procesos en curso por el caso Rancho Izaguirre
Tras el hallazgo, autoridades federales y estatales reportaron la detención de más de una decena de personas vinculadas con la operación del Rancho Izaguirre.
En julio de 2025, un tribunal colegiado de Jalisco condenó a diez hombres a 131 años de prisión por desaparición y homicidio, además de imponerles multas económicas. En febrero de 2026, la Segunda Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia modificó la sentencia, reduciéndola en aproximadamente diez años, pero manteniendo la culpabilidad.
Otros implicados, incluidos exfuncionarios municipales y presuntos operadores logísticos, continúan en proceso o bajo investigación. La FGR mantiene abiertas órdenes de aprehensión adicionales.
Las pertenencias y la espera de las familias
Uno de los puntos más sensibles del caso sigue siendo el destino de las prendas y objetos personales localizados en el rancho.
Colectivos y familias han denunciado que muchas pertenencias fueron reconocidas virtualmente a través de catálogos digitales, pero no se ha permitido su revisión presencial ni se han completado análisis genéticos que permitan confirmar identidades.
Madres buscadoras de Jalisco, Zacatecas y otros estados reclaman acceso a los objetos y mayor transparencia en el procesamiento forense. Varias organizaciones han denunciado retrasos, falta de información clara y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la investigación.
Versiones encontradas
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el hallazgo como “perturbador” y pidió investigaciones exhaustivas y transparentes.
Mientras la FGR sostiene que el Rancho Izaguirre funcionó principalmente como centro de reclutamiento y adiestramiento, y ha señalado que no existen pruebas concluyentes de asesinatos masivos o crematorios, los colectivos de búsqueda aseguran que los testimonios y hallazgos materiales evidencian ejecuciones, desapariciones y destrucción sistemática de restos humanos.
México registra más de 125 mil personas no localizadas, y Jalisco concentra cerca de 15 mil casos, lo que coloca al estado como uno de los más afectados por la crisis.
A un año del hallazgo, el Rancho Izaguirre sigue siendo símbolo de la colusión entre crimen organizado y autoridades, de la vulnerabilidad de jóvenes reclutados con engaños y, sobre todo, de la deuda pendiente con miles de familias que aún buscan verdad y justicia.
