A las afueras de Teuchitlán, Jalisco, el nombre Rancho Izaguirre se convirtió en sinónimo de horror y controversia. Lo que alguna vez fue un terreno agrícola terminó siendo señalado como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al lugar tras una denuncia anónima. Allí encontraron restos óseos calcinados, prendas, cargadores, casquillos y más de doscientos pares de zapatos. La escena apuntaba a un pasado violento, pero también a una cadena de omisiones institucionales que hoy mantienen bajo investigación a 12 funcionarios públicos.
Omisiones y negligencias que encendieron las alertas
Según la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, los servidores públicos habrían incurrido en omisiones graves durante la investigación forense. Se trata de actos no ejecutados o incompletos —peritajes sin agotar, evidencias sin procesar, informes no entregados— que obstaculizaron la obtención de justicia para las víctimas.
El titular de la fiscalía, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, confirmó que el expediente se encuentra ante un juez desde el 30 de abril y en espera de audiencia. Subrayó que “no se trata de chivos expiatorios”, sino de una indagatoria seria contra quienes no cumplieron con sus obligaciones legales.
Quiénes son los funcionarios investigados
Entre los 12 implicados figuran cuatro peritos forenses, cinco policías investigadores, dos agentes del Ministerio Público y un director de área. Todos enfrentan posibles cargos por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia, al haber impedido —por acción u omisión— el acceso a la verdad y a la reparación.
Las indagatorias también se mantienen abiertas a otros niveles jerárquicos: si surgen nuevos testimonios o evidencias que apunten a superiores, incluso exfiscales, el caso podría ampliarse.
Justicia en pausa: el proceso judicial pendiente
El expediente del Rancho Izaguirre ha permanecido en el sistema judicial desde abril sin que se celebre la audiencia correspondiente. Para las familias de víctimas y los colectivos de búsqueda, esta demora se traduce en desesperanza.
Mientras tanto, los investigadores federales continúan revisando los peritajes iniciales para detectar irregularidades técnicas: protocolos omitidos, registros sin firma y posibles alteraciones en los reportes de campo.
Cada nuevo hallazgo fortalece la hipótesis de que la omisión también es una forma de corrupción.
Lo que está en juego: confianza, verdad y reparación
El caso ha trascendido el ámbito legal para convertirse en un símbolo de las fallas estructurales del sistema de justicia.
Los familiares de desaparecidos reclaman no solo resultados, sino un cambio en la cultura institucional que ha permitido negligencias y simulaciones.
Para ellos, las irregularidades del Rancho Izaguirre son una herida doble: la que deja la pérdida de sus seres queridos, y la que inflige un Estado que no cumple con su deber de investigar con rigor.
Próximos pasos y expectativas sociales
La Fiscalía Anticorrupción confía en que la audiencia se concrete antes de que termine 2025. Si el juez admite los cargos, los funcionarios podrían enfrentar sanciones administrativas y penales.
Mientras tanto, los colectivos de búsqueda planean mantener vigilias y actos simbólicos frente a los tribunales de Jalisco, para exigir celeridad y transparencia.
Cada reunión, cada pancarta y cada nombre pronunciado buscan recordar que la verdad no puede quedar sepultada bajo papeles sin firmar.El caso Rancho Izaguirre representa más que un expediente judicial: es una prueba de fuego para la justicia mexicana.
La investigación contra estos 12 funcionarios no solo persigue responsabilidades individuales, sino también la posibilidad de restaurar la confianza social en un sistema que durante años ha callado ante el dolor de cientos de familias.
Teuchitlán espera respuestas, y el país observa.
