Policías comunitarios en Guerrero. La frase no es nueva, pero esta semana volvió a adquirir un peso dramático. Más de 500 hombres y mujeres armados no con un uniforme oficial, sino con la convicción de defender su territorio, salieron desde Ayutla de los Libres con un objetivo claro: recuperar al menos 10 comunidades que, aseguran, viven bajo el control directo del crimen organizado.
No se trata de una operación oficial ni de un despliegue gubernamental. Es una movilización ciudadana encabezada por integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-ez), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (Crac-pf) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Para ellos, el Estado ha fallado. Y cuando el Estado se ausenta, dicen, el pueblo se organiza.
Policías comunitarios en Guerrero y la decisión de enfrentar al crimen
La caravana partió rumbo a comunidades de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero. En el camino, la realidad los alcanzó con violencia. En localidades como Xalpatláhuac, Rancho Viejo y La Estrella, los policías comunitarios reportaron ataques con drones cargados con explosivos, una señal clara del nivel de armamento y organización de los grupos criminales que operan en la zona.
Ante el riesgo, los contingentes decidieron replegarse. No fue una retirada definitiva, sino una pausa obligada. El mensaje ya estaba dado: el conflicto en Guerrero ha escalado a niveles que antes solo se asociaban con escenarios de guerra.
Un manifiesto que expone el hartazgo social
Antes de iniciar la movilización, los coordinadores de las organizaciones leyeron un manifiesto que resume años de agravios. “Hoy tomamos nuestro destino en nuestras manos”, afirmaron, al tiempo que llamaron a campesinos, pescadores, estudiantes, comerciantes, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas a unirse en la defensa de la vida y el territorio.
El documento no solo denuncia la presencia del crimen organizado, sino también la presunta complicidad de autoridades locales. Según el texto, el cobro de derecho de piso es una práctica extendida, mientras que presidentes municipales y fiscalías “están compradas o trabajan directamente con la delincuencia”.
La violencia que empuja a la autodefensa
Guerrero no es ajeno a la figura de las policías comunitarias. Desde hace décadas, comunidades indígenas han creado sistemas propios de seguridad ante la ausencia institucional. Sin embargo, el contexto actual es distinto. El uso de drones explosivos, el control territorial y los desplazamientos forzados marcan una nueva etapa de violencia.
A mitad de esta historia, queda claro que los policías comunitarios en Guerrero no solo enfrentan a grupos criminales, sino a un sistema que, según denuncian, ha permitido su expansión. Los nombres de líderes sociales asesinados —Bruno Plácido Valerio, Marco Suástegui, Adán Linares— son recordatorios constantes del costo de alzar la voz.
El silencio oficial y la percepción ciudadana
En el manifiesto, las organizaciones critican duramente la respuesta del gobierno estatal. Señalan una desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de las comunidades. Mientras las autoridades ofrecen declaraciones, aseguran, los pueblos regresan al miedo, la extorsión y la muerte.
Esta percepción ha erosionado la confianza institucional y alimentado la idea de que la única salida es la organización comunitaria. No como un acto de rebeldía, sino como un mecanismo de supervivencia.
Un fenómeno que revela la crisis de seguridad
El avance —y repliegue— de los policías comunitarios refleja una crisis estructural. No es solo un problema de seguridad pública, sino de gobernabilidad, justicia y derechos humanos. La movilización busca recuperar territorios, pero también visibilidad: que el país mire a Guerrero más allá de las estadísticas.
Para muchos habitantes, estas acciones no son una elección, sino una consecuencia. Cuando no hay protección, ni justicia, ni garantías mínimas, la comunidad se convierte en su propia línea de defensa.
La movilización de los policías comunitarios en Guerrero expone una realidad incómoda: hay regiones donde el Estado no llega y el crimen manda. Entre drones explosivos, pueblos sitiados y denuncias de complicidad, las comunidades han decidido no esperar más. Su lucha no es solo por recuperar territorio, sino por defender la vida en un estado que sigue atrapado entre el abandono y la violencia.
