Mientras avanza la investigación por la muerte de ocho elementos de la Guardia Nacional en un ataque con mina terrestre en los límites de Michoacán y Jalisco, cifras revelan que al menos 32 personas han perdido la vida por estos artefactos en la región en los últimos tres años. Este panorama subraya la grave amenaza que representa esta táctica del crimen organizado para la seguridad nacional y la población civil.
Las autoridades federales continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque con una mina terrestre que cobró la vida de seis miembros de la Guardia Nacional (GN) y dejó a otros dos gravemente heridos, que más tarde también perdieron la vida. El incidente, ocurrido entre el 27 y 28 de mayo en una brecha entre Los Reyes, Michoacán, y Santa María del Oro, Jalisco, ha puesto nuevamente de manifiesto la brutalidad y la escalada táctica de los grupos criminales que operan en la zona.
Operativos y búsqueda de responsables
Tras la emboscada, se desplegó un intenso operativo de seguridad en la región con el objetivo de localizar a los autores materiales e intelectuales de la colocación del artefacto explosivo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que el Gabinete de Seguridad proporcionará información detallada sobre los avances de la investigación y los presuntos responsables. Aunque aún no existe una atribución formal, las sospechas recaen sobre cárteles con fuerte presencia en el área, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su beligerancia y uso de armamento sofisticado.
Un rastro de muerte: 32 víctimas en tres años
La tragedia de los seis guardias nacionales se suma a una alarmante estadística: al menos 32 personas han muerto a consecuencia de la explosión de minas terrestres en los estados de Michoacán y Jalisco desde el año 2022. Esta cifra, documentada por diversas fuentes periodísticas, incluye no solo a personal de las fuerzas armadas y policías estatales, sino también a un número indeterminado de civiles, entre ellos campesinos y jornaleros, cuyas vidas han sido truncadas por estos artefactos ocultos.
Los municipios de Buenavista, Los Reyes y Tepalcatepec, en Michoacán, han sido identificados como los focos rojos de esta problemática, donde la siembra de minas se ha convertido en una herramienta de control territorial y de guerra de desgaste contra las autoridades y grupos rivales. Tan solo el pasado 20 de mayo, un joven trabajador de 23 años falleció en la comunidad de El Alcalde, Apatzingán, víctima de uno de estos explosivos.
Este patrón de violencia sugiere una normalización de tácticas de insurgencia por parte del crimen organizado, que no duda en emplear métodos indiscriminados que siembran el terror y representan una amenaza constante tanto para quienes combaten el crimen como para la población que habita estas regiones.
Otros golpes a la delincuencia y desafíos judiciales
Paralelamente a la crisis por las minas terrestres, las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia enfrentan otros desafíos a nivel nacional. En un hecho relevante, el 29 de mayo se informó sobre la detención en Puerto Vallarta, Jalisco, de Alex ‘N’, un productor de películas para adultos, quien enfrenta acusaciones por el grave delito de explotación sexual. Este arresto es un paso importante en la lucha contra la trata de personas y la violencia sexual.
Asimismo, en el Estado de México, se reportó la detención de seis personas, incluyendo un menor de edad, tras una balacera en Tlalnepantla. Este tipo de sucesos evidencia la persistencia de la violencia armada en zonas urbanas y la implicación de jóvenes en actividades delictivas.
La diversidad de estos eventos –desde tácticas de guerra irregular en zonas rurales hasta delincuencia organizada transnacional y violencia urbana– ilustra la complejidad del panorama de seguridad y justicia en México. Las instituciones se ven obligadas a atender múltiples frentes simultáneamente, lo que exige una asignación estratégica de recursos, alta especialización y una coordinación interinstitucional impecable para lograr resultados efectivos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La sociedad espera que la investigación por la muerte de los guardias nacionales sea exhaustiva y conduzca a la captura de los responsables, y que se implementen medidas urgentes y eficaces para erradicar la amenaza de las minas terrestres en las regiones afectadas.
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