La justicia en México vuelve a estar en la mira, luego de que la influencer Marianne Gonzaga saliera del penal de Santa Martha Acatitla. La joven acusada de apuñalar a la modelo Valentina Gilabert, pero no recuperó su libertad por haber sido declarada inocente, sino por llegar a un acuerdo con la víctima, lo que ha encendido el debate sobre el acceso desigual a la justicia.
Gonzaga, conocida en redes sociales por su vida de lujos, dejó la cárcel encapuchada, intentando evitar a los medios. Esto fue posible tras un acuerdo reparatorio con Gilabert, quien le concedió el perdón legal a cambio de una compensación económica no revelada y la cobertura del daño causado. Con esto, Gonzaga obtuvo “libertad asistida”, lo que le permite continuar su proceso penal fuera de prisión.
La modelo Valentina Gilabert confirmó el trato y declaró: “Hubo acuerdo… todos merecen una segunda oportunidad”. Sin embargo, su declaración fue recibida con críticas por quienes consideran que el dinero no debería comprar indulgencia en casos de violencia.
Un caso que reaviva el debate sobre privilegios
En redes sociales, miles de usuarios han cuestionado si una persona sin recursos o fama hubiera tenido el mismo destino. Para muchos, este es un nuevo caso de “justicia para ricos”, donde los privilegios económicos borran las consecuencias legales de un acto violento.
¿Justicia o impunidad disfrazada?
Aunque los acuerdos reparatorios están contemplados en la ley mexicana como una vía para priorizar a la víctima, su aplicación en casos mediáticos crea una percepción de impunidad. Este mecanismo legal, pensado para resolver conflictos sin largos procesos judiciales, enfrenta hoy la crítica pública por permitir que un agresor evite la cárcel mediante dinero.
El caso Gonzaga-Gilabert reabre una vieja discusión: ¿la justicia debe castigar ejemplarmente o reparar el daño, aunque eso signifique dejar libre a quien atacó? Y más aún, ¿cuánto influye el dinero para inclinar la balanza?
