En Chihuahua, un juez penal de primera instancia fue detenido a petición de la Fiscalía Anticorrupción del estado, acusado de corrupción por prevaricación agravada. Se trata de Manuel Jurado Torres, quien llegó al cargo mediante la elección judicial de junio del año pasado.
El caso avanzó hasta una audiencia inicial en la que el juzgador aceptó el auto de vinculación a proceso penal. Posteriormente, obtuvo la suspensión condicional del proceso durante 12 meses, pero esta salida alterna contempla una condición relevante: deberá renunciar a su cargo como juez penal de primera instancia.
La detención coloca nuevamente la atención sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y sobre las responsabilidades que tienen quienes ocupan cargos judiciales.
¿De qué acusan al juez de Chihuahua?
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua señaló que el delito atribuido al juez es prevaricación agravada. De acuerdo con la explicación proporcionada por el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín, esta conducta ocurre cuando un servidor público, particularmente un juez, dicta deliberadamente una resolución injusta o contraria a la ley durante el ejercicio de sus funciones.
La acusación se relaciona con una decisión tomada el 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado Torres se desempeñaba como juez del distrito judicial Hidalgo, en el municipio de Hidalgo del Parral.
En aquella ocasión, el juzgador habría modificado una medida cautelar de prisión preventiva para establecer un resguardo domiciliario a favor de Julio César M. V., quien enfrentaba un proceso por los delitos de violación y violencia familiar.
La Fiscalía sostiene que esta determinación habría beneficiado al cliente de un abogado con quien el juez mantiene una relación de amistad. El Ministerio Público también señaló que la audiencia de revisión fue solicitada durante el periodo vacacional del Poder Judicial, aunque, según la acusación, no se trataba de un asunto urgente.
La decisión que está bajo investigación
Uno de los elementos señalados por la Fiscalía Anticorrupción es que el juez habría otorgado una ventaja procesal indebida al conocer de la audiencia solicitada por la defensa.
Durante esa diligencia, además, presuntamente habría cuestionado y descalificado los argumentos de una jueza que previamente había determinado la prisión preventiva. La acusación sostiene que con ello habría rebasado los límites propios del acto procesal y asumido una función revisora que corresponde a otras autoridades jurisdiccionales.
La Fiscalía aclaró que su actuación no busca cuestionar la independencia judicial ni investigar una resolución simplemente porque su sentido sea contrario a sus intereses.
El señalamiento, explicó el fiscal, se centra en determinar si el ejercicio de una responsabilidad pública pudo haberse desviado de su finalidad para favorecer intereses particulares o indebidos.
En ese contexto, la autoridad también citó el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales, relacionado con la modificación de medidas cautelares. La disposición establece que para cambiar una medida deben haber variado objetivamente las condiciones que llevaron a imponerla.
¿Qué pasará con el juez?
La situación procesal de Manuel Jurado Torres ya contempla una salida alterna durante 12 meses. Como parte de las condiciones establecidas, deberá renunciar al cargo de juez penal de primera instancia al que llegó mediante la elección judicial realizada en junio del año pasado.
El caso ocurre en un momento en que la atención pública sobre los jueces y las nuevas formas de acceso a cargos judiciales mantiene especial relevancia. La detención de un funcionario que llegó al puesto mediante una elección añade un elemento particular al proceso.
Por ahora, la acusación y las condiciones de la suspensión condicional forman parte del procedimiento señalado por la Fiscalía Anticorrupción. El caso permite observar cómo las autoridades investigan posibles conductas irregulares relacionadas con el ejercicio de funciones judiciales.
La historia comenzó con una decisión sobre una medida cautelar en Hidalgo del Parral y ahora tiene consecuencias directas para quien ocupaba el cargo. En Chihuahua, el caso de Manuel Jurado Torres queda así vinculado a una investigación por presunta corrupción y a su salida del Poder Judicial.
