En un duro revés para la administración Trump, un juez federal ha ordenado a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que detengan las detenciones y arrestos indiscriminados en siete condados del sur de California, en respuesta a una demanda que alega un patrón de perfil racial.
La Decisión Judicial: Un Freno a las Tácticas de ICE
Una jueza federal ha impuesto un freno significativo a las operaciones de inmigración de la administración Trump en el sur de California. La jueza Maame E. Frimpong emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias detener a personas basándose únicamente en criterios como su raza, el idioma que hablan, su acento o su tipo de ocupación.
La orden judicial tiene un alcance geográfico específico, aplicando a siete condados clave de California: Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Ventura, Santa Barbara y San Luis Obispo. Además, la decisión incluye una segunda directiva crucial: obliga a las autoridades a garantizar el acceso de abogados a los inmigrantes detenidos en la instalación federal de Los Ángeles conocida como «B-18», un punto que había sido de gran controversia.
El Origen de la Demanda: Acusaciones de Perfil Racial y Abuso
La orden de la jueza Frimpong es una respuesta directa a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa de inmigrantes. La demanda fue interpuesta en nombre de varios inmigrantes detenidos y de dos ciudadanos estadounidenses que también fueron arrestados durante las redadas.
Las acusaciones en el centro del litigio son graves. Los demandantes alegan que los agentes de ICE han estado llevando a cabo un patrón sistemático de perfil racial, deteniendo a personas por su «piel morena» o por «parecer hispanos». La demanda documenta incidentes específicos para respaldar estas afirmaciones, como el caso de una redada en un lavadero de autos donde todos los trabajadores fueron detenidos excepto dos empleados blancos, y el de un ciudadano estadounidense que fue arrestado a pesar de haber presentado su identificación a los agentes.
«Sus redadas masivas de angelinos, basadas no en evidencia de irregularidades sino en perfiles raciales, son flagrantemente inconstitucionales.» – Karen Bass, Alcaldesa de Los Ángeles.
El Contexto: Un Clima de Tensión y Miedo en el Sur de California
Esta batalla legal no ocurre en el vacío. Se desarrolla en un clima de creciente tensión y miedo en las comunidades inmigrantes y latinas del sur de California, que han estado «en vilo» debido a la intensificación de las redadas de ICE en lugares públicos y de trabajo.
Incidentes recientes han exacerbado esta atmósfera, incluyendo redadas en granjas de cannabis legales en el condado de Ventura que derivaron en enfrentamientos y heridos, y la interrupción de un campamento de verano para niños en MacArthur Park por parte de agentes federales armados. La situación llegó a un punto álgido con el despliegue de 700 marines para apoyar a la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a las protestas contra las tácticas de ICE.
La Reacción de las Autoridades: Negación y Choque de Poderes
La respuesta de la administración Trump a las acusaciones y al fallo judicial ha sido de negación y desafío. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó las afirmaciones de perfil racial como «repugnantes y categóricamente FALSAS». Por su parte, el fiscal federal Bill Essayli expresó su «fuerte desacuerdo» con la decisión de la jueza, asegurando que los agentes federales siempre actúan con justificación legal.
Este caso representa un choque fundamental entre la autoridad del poder ejecutivo federal para aplicar las leyes de inmigración y los derechos constitucionales garantizados a todas las personas en territorio estadounidense. La demanda, apoyada por el fiscal general de California y varias ciudades, argumenta que las tácticas de ICE violan la Cuarta Enmienda (protección contra detenciones irrazonables) y la Quinta Enmienda (derecho al debido proceso).
Al fallar a favor de los demandantes, la jueza Frimpong ha afirmado que la autoridad federal no puede anular estos derechos constitucionales, sentando un precedente legal significativo en la continua disputa entre las políticas federales de inmigración y los estados y ciudades que se oponen a ellas.
