La mañana comenzó con una frase contundente que marcaría la conversación pública: Harfuch descarta terrorismo. En un país acostumbrado a titulares cargados de tensión, la aclaración del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se convirtió en un punto de inflexión para comprender lo ocurrido en Coahuayana, Michoacán, tras la explosión de un vehículo que inicialmente fue catalogado como posible coche bomba.
Mientras el país intentaba entender las primeras imágenes del suceso, García Harfuch llegó para poner orden narrativo en una historia que, de no explicarse con claridad, habría escalado rápidamente hacia escenarios de interpretación errónea. Lo ocurrido, dijo, no obedecía a una intención terrorista, sino a lo que más afecta hoy a grandes regiones del país: una pugna entre cárteles disputando territorio, trasiego de drogas y actividades ilícitas que se entrelazan como hilos tensos dentro del crimen organizado.
Harfuch descarta terrorismo: el origen criminal detrás de la explosión
El funcionario explicó que la explosión en Coahuayana fue producto de “actos criminales de grupos delictivos”, específicamente células vinculadas al Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos. Estos grupos, señaló, buscan ampliar sus actividades ilícitas en diversas zonas del país donde convergen intereses económicos de alto valor estratégico: narcomenudeo, tráfico, extorsión, minería ilegal y control territorial.
Desde su perspectiva, el evento debe clasificarse bajo el marco jurídico de delincuencia organizada y homicidio, no bajo la figura legal de terrorismo. En sus palabras:
“El terrorismo, tanto en la ley mexicana como en la internacional, implica objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. Aquí no hubo nada de eso. Fueron actos criminales para ampliar actividades delictivas”.
La precisión tiene importancia, no solo legal sino política. En un contexto donde la violencia puede interpretarse desde múltiples narrativas, la etiqueta incorrecta puede generar percepciones distorsionadas tanto dentro como fuera del país.
Un rompecabezas de pugnas territoriales
A mitad de la conversación pública, cuando la opinión del país comenzaba a dividirse, volvió a resonar la frase Harfuch descarta terrorismo. Pero más allá del concepto, lo que quedó claro fue la raíz del conflicto: una disputa entre líderes regionales de grupos delictivos con presencia prolongada en Michoacán.
El funcionario subrayó que este no fue un ataque directo a policías comunitarias, aunque reconoció que estos grupos han sido agredidos en el pasado por las mismas organizaciones criminales involucradas. También reveló que la camioneta que explotó provenía del estado de Colima, lo que abre nuevas líneas de investigación que ahora están bajo responsabilidad directa de la Fiscalía General de la República.
Uno de los puntos más reveladores fue que el vehículo no había sido abandonado para detonar posteriormente; llevaba dos personas dentro. Esto obligará a la FGR a ampliar peritajes para determinar si se trató de un operativo fallido o de un artefacto improvisado que estalló de manera accidental—aunque esto último ya ha ocurrido antes, según las autoridades.
Explosivos improvisados, drones y un patrón preocupante
García Harfuch confirmó que no se trata de un caso aislado. Durante el mismo fin de semana, se aseguraron artefactos explosivos improvisados tanto en Michoacán como en Sinaloa, algunos instalados en vehículos y otros transportados en drones caseros. La inestabilidad de estos explosivos es alta y, como mencionó, en más de una ocasión han estallado en manos de quienes intentan utilizarlos.
El secretario de la Defensa Nacional también reveló que la Guardia Nacional brinda protección a alrededor de 75 funcionarios que han solicitado seguridad debido a riesgos específicos, un dato que cobra relevancia días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Una narrativa clara en medio de la incertidumbre
En un país donde la violencia puede tomar formas cada vez más complejas, la claridad institucional importa. Por eso, el mensaje final de este episodio es inequívoco: Harfuch descarta terrorismo, y esa afirmación pone orden a un acontecimiento que, sin explicación técnica y jurídica, habría alimentado discursos de miedo o desinformación.
Con nuevas líneas de investigación abiertas, más peritajes en curso y un panorama criminal que sigue transformándose, las autoridades refuerzan el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, conscientes de que la única forma de reducir estos hechos es mediante estrategias integrales y presencia constante.
Y así, entre explosivos improvisados, pugnas territoriales y narrativas que buscan imponerse, queda claro que la interpretación oficial descansa sobre una premisa sólida: Harfuch descarta terrorismo.
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