El 26 de agosto de 2025, en Mexicali, el periodista Jorge Heras, director de Lindero Norte y corresponsal de La Jornada, fue brutalmente golpeado a las puertas de su centro de trabajo. El hecho no solo sacudió a la comunidad periodística local, sino que revivió la herida histórica de la violencia contra periodistas en México.
Nueve horas de audiencia y una decisión clave
Durante una extensa audiencia de nueve horas, la jueza María de Jesús Acosta Sumarán dictó prisión preventiva contra Hugo Alfredo O., policía municipal señalado como conductor del vehículo de escape, y Hernán G., uno de los agresores.
Ambos fueron imputados por lesiones calificadas, amenazas y pandillerismo, con el agravante de que el ataque se dirigió a un periodista en ejercicio de su labor. La jueza calificó la agresión como un atentado directo a la libertad de expresión y un acto de censura.
La sombra de la censura
Este caso no se entiende solo como un hecho aislado. Una semana antes del ataque, el coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California había ordenado a sus agentes vigilar las cuentas digitales de Lindero Norte y de Jorge Heras por críticas a operativos ilegales.
En ese contexto, el ataque parece tener un trasfondo mayor: acallar voces críticas y mandar un mensaje de intimidación a la prensa independiente.
El rol del policía municipal
La Fiscalía sostiene que el policía municipal Hugo Alfredo O. organizó y financió la agresión, pagando 9 mil pesos a los atacantes. Para la fiscalía, eso lo convierte en autor intelectual.
Jorge Heras, sin embargo, rechaza esa versión y apunta a que el origen del ataque responde a intereses políticos o de seguridad estatal. “Mi postura es encontrar quién lo contrató para organizar el atentado que puso en peligro mi integridad física”, declaró el periodista.
El contexto de violencia contra periodistas en México
El caso de Heras se suma a la larga lista de agresiones contra periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Cada ataque deja claro que la censura no siempre se da con silencios editoriales, sino también con violencia física y amenazas directas.
La prisión preventiva contra los agresores representa una señal importante en la defensa de la libertad de expresión, pero también evidencia la fragilidad de los periodistas frente a redes de poder político y criminal.
Lo que viene: audiencia de vinculación
El próximo 3 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación. Ahí se determinará si los acusados enfrentarán un juicio formal o si habrá nuevas sorpresas legales.
Para la prensa mexicana, lo que está en juego no es solo el caso de un periodista: es la posibilidad de que la justicia siente un precedente contra la violencia y la censura en México.
