En un golpe contundente a las redes de robo de combustible, la justicia de Tabasco ha sentenciado a cinco personas a penas que alcanzan los 31 años de prisión. Los condenados son señalados como coacusados de un “general huachicolero” de Pemex.
La lucha contra el robo de hidrocarburos en Tabasco ha anotado una victoria judicial significativa. Un tribunal ha impuesto severas condenas de hasta 31 años de prisión a cinco individuos, quienes fueron procesados como cómplices dentro de una red de sustracción ilegal de combustible presuntamente liderada por un alto mando de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como un «general huachicolero».
Esta sentencia representa un paso estratégico en el combate a este delito, ya que no solo castiga a los operadores logísticos, sino que apunta a desmantelar las estructuras de corrupción que operan desde dentro de la propia paraestatal.
Un patrón de sentencias firmes
Esta condena se suma a otras acciones judiciales recientes que demuestran un endurecimiento de las penas contra este delito. Recientemente, otro transportista de combustible ilegal, Salvador «O», fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser capturado en la carretera Nuevo Teapa-La Venta con una pipa que contenía más de 34,000 litros de gas LP de procedencia ilícita.
Estas sentencias firmes indican un cambio de estrategia: pasar de los simples decomisos a la obtención de condenas prolongadas que saquen de circulación a los miembros de estas redes criminales.
La escala del problema en Tabasco
El robo de combustible, o «huachicol», representa una sangría multimillonaria para las finanzas públicas y un grave riesgo de seguridad. La escala del problema en la región es alarmante. En los últimos dos meses, operativos federales y estatales en Tabasco han logrado el aseguramiento de más de 5 millones de litros de hidrocarburos robados.
La mención de un «general huachicolero» de Pemex en el caso de los cinco sentenciados subraya la sospecha de que estas redes no podrían operar a tal escala sin la complicidad y corrupción a altos niveles dentro de la empresa productiva del Estado.
Las sentencias dictadas son un mensaje claro de que las autoridades judiciales están dispuestas a imponer castigos severos para desarticular una de las actividades criminales más lucrativas y dañinas para el país.
