CNDH rechaza informe de desaparecidos de la ONU y cuestiona intervención internacional
CNDH rechaza informe de desaparecidos de la ONU y expresa su desacuerdo con la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El organismo nacional de derechos humanos señaló que dicha decisión carece de sustento y criticó que se base en información proporcionada por organizaciones civiles que, según afirmó, presentan una visión sesgada de la realidad del país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que el debate internacional sobre las desapariciones en México debe considerar el contexto interno, los avances institucionales y las acciones que el Estado ha impulsado en los últimos años para enfrentar este grave problema.
La CNDH cuestiona la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada
La CNDH expresó su discrepancia con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) por solicitar que el tema de las desapariciones en México sea llevado a la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con el organismo mexicano, la medida pretende promover acciones como cooperación técnica, asistencia especializada o apoyo financiero, iniciativas que —según su postura— ya han sido aplicadas en el pasado sin resultados significativos.
En su pronunciamiento, la Comisión afirmó que estas propuestas representan “recetas fallidas” impulsadas desde el exterior que no toman en cuenta la realidad nacional ni los esfuerzos realizados por las instituciones mexicanas. En ese sentido, subrayó que la colaboración internacional debe partir de un análisis equilibrado y del reconocimiento de los avances logrados.
La CNDH también destacó que el gobierno federal y el propio organismo han mantenido comunicación con el CED para explicar los cambios institucionales y las políticas adoptadas para combatir las desapariciones forzadas.
Críticas a organizaciones civiles y a informes enviados al comité
Otro de los puntos más controvertidos del pronunciamiento fue la crítica directa a algunas organizaciones civiles que enviaron información al comité internacional. La CNDH señaló que ciertos grupos están caracterizados por “manipular demandas en materia de derechos humanos”, lo que a su juicio influye en la percepción que organismos internacionales tienen sobre México.
En particular, mencionó el informe enviado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el cual cuestionó los cambios legales e institucionales implementados recientemente en el país. Según ese reporte, las acciones del Estado mexicano no constituyen una política nacional suficientemente coordinada para enfrentar el problema de las desapariciones.
La CNDH respondió que estas críticas ignoran los esfuerzos financieros, institucionales y presupuestales desarrollados durante los últimos años. Además, consideró que acudir directamente a instancias internacionales sin agotar las vías nacionales contradice lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Debate sobre la militarización y la guerra contra el narcotráfico
En su posicionamiento, la CNDH también señaló lo que considera una contradicción dentro del propio Comité contra la Desaparición Forzada. El organismo internacional ha sostenido en ocasiones anteriores que la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, tuvo una correlación directa con el aumento de las desapariciones.
Sin embargo, en su comunicado más reciente el comité indicó que, aunque esa estrategia de seguridad pudo derivar en violaciones masivas a los derechos humanos, no existen indicios suficientes para afirmar que el enfoque militarizado represente una política federal destinada intencionalmente a cometer desapariciones forzadas.
La CNDH cuestionó esta postura y recordó que durante el sexenio de Calderón uno de sus principales funcionarios de seguridad pública fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Este contexto, argumentó el organismo mexicano, demuestra la complejidad del fenómeno y la necesidad de analizarlo desde una perspectiva histórica.
La CNDH defiende sus acciones frente al problema de las desapariciones
En su pronunciamiento, la Comisión también defendió su trabajo en la investigación y documentación de casos de desaparición forzada. Indicó que ha emitido diversas recomendaciones relacionadas con hechos ocurridos tanto durante la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) como en el periodo de la guerra contra el narcotráfico entre 2006 y 2012.
De acuerdo con el organismo, durante su actual gestión se han emitido 14 recomendaciones relacionadas con desapariciones forzadas ocurridas en años anteriores que no habían sido atendidas en su momento. Además, señaló que se han emitido cinco recomendaciones adicionales vinculadas con casos recientes.
La CNDH sostuvo que las desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han disminuido de manera significativa desde 2018, hasta el punto de que actualmente se presentan en niveles mínimos.
Un debate que refleja tensiones entre lo nacional y lo internacional
La controversia entre la CNDH y el Comité contra la Desaparición Forzada refleja una tensión frecuente en el ámbito de los derechos humanos: el equilibrio entre la supervisión internacional y la soberanía nacional.
Mientras organismos internacionales consideran que su participación puede fortalecer las políticas públicas y garantizar estándares globales de protección, algunos gobiernos e instituciones nacionales sostienen que dichas intervenciones pueden ignorar contextos internos o avances institucionales.
En el caso de México, el debate también pone de relieve la complejidad de enfrentar un fenómeno que se ha desarrollado durante décadas y que involucra factores históricos, sociales y de seguridad.
Las desapariciones forzadas siguen siendo uno de los retos más delicados para el país. La discusión entre organismos nacionales e internacionales refleja no solo diferencias de enfoque, sino también la urgencia de encontrar soluciones efectivas que garanticen justicia para las víctimas y sus familias.
