La madrugada del 16 de julio, Reynosa volvió a teñirse de sangre con el asesinato de Gabriel Hernández Tovar, empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo. Su cuerpo fue encontrado dentro de su camioneta, la cual se hallaba semi hundida en un canal de aguas negras de la colonia Loma Real de Jarachina Sur. La unidad presentaba al menos cuatro impactos de bala del lado del conductor.
Seis días antes, las autoridades estatales le habían retirado la protección judicial que mantenía desde 2023, a pesar de las múltiples amenazas que había denunciado y de una orden judicial vigente que obligaba al Estado a protegerlo.
El secuestro de 2021 que lo convirtió en defensor de víctimas
Gabriel no era un activista improvisado. En 2021 fue secuestrado, presuntamente por el Cártel del Golfo, y durante su cautiverio presenció ejecuciones e inhumaciones clandestinas. Aquella experiencia lo transformó: se convirtió en un portavoz de los desaparecidos y en un denunciante valiente del crimen organizado en Tamaulipas.
A raíz de esto, se unió al colectivo fundado por Delia Quiroa, una mujer que también busca justicia por la desaparición de su hermano.
Denuncias directas al crimen y al poder
En junio de 2024, Gabriel denunció públicamente haber recibido amenazas de Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”, a quien señaló como líder de un grupo delictivo responsable de múltiples secuestros en Reynosa. En un mensaje enviado a la periodista Azucena Uresti, también acusó directamente al fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, de encubrir al grupo criminal.
“Si algo me pasa, el responsable es Mario ‘La Chispa’ y el fiscal Irving Barrios”, advirtió Hernández.
Su valentía se convirtió en una sentencia. Poco más de un mes después, fue asesinado.
Retiro de custodia sin justificación: una omisión fatal
Desde abril de 2023, Gabriel contaba con una medida de protección otorgada por orden judicial a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, el 10 de julio de 2025, la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía le retiró la custodia, sin explicación ni notificación formal.
Delia Quiroa, su compañera en el colectivo, denunció que la decisión violó una orden judicial expresa:
“El gobierno debía garantizar su seguridad, y no lo hizo. Ahora estamos exigiendo respuestas y justicia”, declaró en entrevista con Radio Fórmula.
Silencio oficial y una investigación estancada
El asesinato ha encendido las alarmas dentro del Colectivo 10 de Marzo, cuyos integrantes también han recibido amenazas. A pesar de las advertencias, hasta ahora el mecanismo federal no ha intervenido, ni el Gobierno de Tamaulipas ha ofrecido explicaciones sobre la retirada de la custodia o los avances en la investigación.
Durante meses, Gabriel denunció la inacción de las autoridades y la protección institucional a criminales. El vocero estatal de seguridad, Jorge Cuéllar, llegó a calificar sus acusaciones como “subjetivas”.
“Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades, pasan estas cosas”, sentenció Delia Quiroa.
¿Quién protege a los que denuncian?
El caso de Gabriel Hernández pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en México, especialmente en zonas dominadas por el crimen organizado. También deja en evidencia el fracaso de los mecanismos de protección estatales y federales, que no evitaron la tragedia pese a las advertencias.
La muerte de Gabriel no solo deja un vacío en la lucha por la justicia en Reynosa, sino que se convierte en una advertencia para todos los que se atreven a alzar la voz.
