En los últimos cinco años, al menos 63 funcionarios públicos han sido asesinados en Michoacán, una cifra que evidencia la magnitud de la violencia política en el estado. La más reciente víctima fue el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ultimado el 1 de noviembre tras encabezar un acto del Día de Muertos, pese a contar con protección federal desde 2024.
Ola de asesinatos contra alcaldes en Michoacán
De acuerdo con datos de Data Cívica, ocho alcaldes —incluido Manzo— han sido asesinados en el estado desde 2020. Entre los casos más recientes figuran los de Martha Laura Mendoza, de Tepalcatepec; Yolanda Sánchez, de Cotija; y Salvador Bastida, de Tacámbaro, todos ocurridos en 2024. La mayoría de estos crímenes se vinculan con pugnas entre grupos del crimen organizado.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el arma utilizada en el ataque a Manzo había sido empleada en enfrentamientos previos entre cárteles, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución ligada a la disputa territorial en la región.
“El Estado ha perdido el control”, advierten especialistas
Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara, calificó el asesinato del edil como “una muestra del colapso del sistema de seguridad en México”. Afirmó que el miedo se ha convertido en política de Estado y que los gobiernos locales operan bajo amenaza constante.
Durante el funeral del alcalde, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue increpado por los asistentes, quienes lo responsabilizaron por la ola de violencia. Siete de los ocho alcaldes asesinados durante este periodo perdieron la vida bajo su administración.
Los especialistas coinciden en que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene fuerte presencia en Michoacán y extiende su control a otros estados como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde los municipios enfrentan un nivel creciente de ingobernabilidad.
