3 Policías de Naucalpan enfrentan proceso judicial por tortura contra mujer trans
3 Policías de Naucalpan vinculados a proceso se ha convertido en un caso que vuelve a poner bajo la lupa el actuar de las corporaciones de seguridad en el Estado de México.
Tres elementos de la Policía Municipal fueron vinculados a proceso por su presunta participación en delitos de abuso de autoridad y tortura en contra de una mujer trans, hechos que habrían ocurrido después de que la víctima grabara una detención en la vía pública.
El caso generó atención debido a la gravedad de las acusaciones y a las implicaciones legales que podrían enfrentar los agentes implicados.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los policías habrían golpeado, retenido y obligado a borrar un video que documentaba una intervención policial. La Fiscalía estatal sostiene que los hechos constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos.
Los hechos que originaron la investigación
Las investigaciones señalan que el incidente ocurrió el 27 de julio de 2025, sobre la avenida Parque de Chapultepec, en el municipio de Naucalpan. Según las indagatorias, la víctima observó cómo varios policías forcejeaban con dos mujeres y un hombre, por lo que decidió acercarse para preguntar el motivo de la detención.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los agentes le indicaron que no se involucrara en la situación. Sin embargo, la mujer trans comenzó a grabar la escena con su teléfono celular, lo que presuntamente provocó una reacción violenta por parte de los elementos de la Policía Municipal.
El Ministerio Público sostiene que en ese momento los agentes la agredieron física y verbalmente, además de solicitar apoyo a otras unidades policiales que llegaron posteriormente al lugar.
Intervención de más elementos y presunta agresión
Según las autoridades, tras el arribo de refuerzos policiales descendieron de otra patrulla María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N”, quienes presuntamente participaron en la detención de la víctima.
Las investigaciones indican que los agentes sometieron a la mujer, la obligaron a borrar el video que había grabado y la esposaron, para después subirla al asiento trasero de una patrulla.
Posteriormente, los policías se habrían dirigido hacia la colonia San Miguel Atoto, donde presuntamente continuaron las agresiones. De acuerdo con los testimonios y datos recopilados por la Fiscalía, la víctima habría sido golpeada en diversas partes del cuerpo antes de ser obligada a descender del vehículo policial.
Estos hechos motivaron el inicio de una investigación formal para determinar la responsabilidad de los agentes involucrados.
La decisión judicial y la vinculación a proceso
Tras reunir evidencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó a un juez órdenes de aprehensión contra Riche Joannan “N”, María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N”.
Una vez cumplimentadas las órdenes judiciales, los tres ex elementos de la Policía Municipal fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Después de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez determinó vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y tortura.
Además, el juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para fortalecer el caso.
Como medida cautelar, se determinó que los imputados permanezcan en prisión preventiva, lo que significa que enfrentarán el proceso judicial privados de su libertad mientras se desarrollan las investigaciones.
Las posibles sanciones que podrían enfrentar
De acuerdo con la legislación vigente en el Estado de México, los delitos por los que fueron vinculados a proceso contemplan penas de prisión significativas en caso de que los acusados sean declarados culpables.
El delito de tortura puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión, mientras que el abuso de autoridad podría sumar hasta nueve años adicionales de cárcel, dependiendo de la resolución judicial final.
Especialistas en derecho penal han señalado que este tipo de casos suele ser complejo debido a la necesidad de acreditar con pruebas sólidas la responsabilidad individual de cada funcionario involucrado.
Asimismo, organizaciones civiles han subrayado la importancia de que las autoridades garanticen una investigación imparcial, transparente y con perspectiva de derechos humanos, especialmente cuando se trata de presuntas agresiones cometidas por servidores públicos.
Un caso que vuelve a poner atención en el actuar policial
El caso de los policías de Naucalpan vinculados a proceso vuelve a abrir el debate sobre la actuación de las corporaciones de seguridad y los mecanismos de supervisión institucional.
En México, diversos organismos han señalado la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación policial, así como de garantizar la rendición de cuentas cuando existen denuncias por abuso de poder.
La resolución final del proceso dependerá de las pruebas que se presenten durante la investigación complementaria y del análisis que realicen las autoridades judiciales.
Mientras tanto, el caso continúa su curso en los tribunales, en un proceso que podría marcar un precedente importante sobre responsabilidad policial, derechos humanos y acceso a la justicia en el Estado de México.
