TEPJF inicia una nueva etapa de vigilancia presupuestal tras el compromiso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, quien aseguró que supervisará el uso responsable del presupuesto y pidió a sus colegas aplicar racionalidad política, eficiencia institucional y mayor rendición de cuentas en cada decisión.

El mensaje fue pronunciado durante el informe de labores de la Sala Regional Toluca, donde el magistrado subrayó que la legitimidad del sistema electoral no depende del protagonismo, sino del trabajo serio y del cumplimiento del mandato constitucional.
TEPJF: Uso responsable del presupuesto como mandato democrático
Bátiz fue claro: la racionalidad del gasto no es una consigna política ni una opción discrecional, sino un mandato democrático. En un contexto de creciente exigencia ciudadana sobre el destino de los recursos públicos, el titular del TEPJF afirmó que cada peso debe justificarse con resultados concretos.
“El reto es demostrar que la justicia electoral puede ser eficaz sin ser onerosa”, expresó ante magistrados electos, como él, por voto popular. La instrucción es optimizar procesos, ordenar cargas de trabajo y priorizar lo sustantivo sin sacrificar calidad jurídica.
Este enfoque busca enviar un mensaje directo a la sociedad: el Poder Judicial también debe ajustarse a criterios de austeridad responsable, transparencia y desempeño medible.
Rendición de cuentas para fortalecer la confianza ciudadana
Uno de los puntos centrales del discurso fue la rendición de cuentas. Para Bátiz, especialmente en materia electoral, explicar cómo se toman las decisiones y cómo se ejerce el presupuesto es indispensable para sostener la confianza pública.
El magistrado señaló que la legitimidad institucional no se construye desde la exposición mediática, sino desde procesos internos sólidos, resoluciones bien fundamentadas y una administración que priorice el interés colectivo.
Enfatizó que “hacer más con menos” no significa reducir justicia, sino mejorar la forma en que se presta. Optimizar tiempos, eliminar duplicidades y fortalecer la coordinación entre salas son parte de la estrategia para lograr una justicia electoral moderna y accesible.
Eficiencia institucional sin perder rigor jurídico
El llamado también incluyó una reflexión interna: cumplir con el mandato constitucional es posible sin bajar estándares. Según Bátiz, la eficiencia no está reñida con el rigor jurídico, siempre que exista planeación, evaluación permanente y voluntad de cambio.
Pidió a los magistrados asumir una responsabilidad histórica compartida, recordando que su origen democrático implica mayor compromiso con la ciudadanía. El objetivo es consolidar un tribunal que responda con rapidez, solidez legal y uso inteligente de los recursos.
Esta visión apunta a transformar la operación del TEPJF en un modelo más ágil, capaz de resolver conflictos electorales con oportunidad y sin gastos innecesarios.
Un mensaje político en tiempos de escrutinio público
Las declaraciones del presidente del TEPJF llegan en un momento donde el gasto público está bajo lupa y la sociedad exige resultados tangibles. El compromiso de vigilar el presupuesto busca anticiparse a cuestionamientos y reforzar la imagen de un tribunal consciente de su papel en la democracia.
Además, el llamado a la racionalidad política pretende evitar decisiones influenciadas por presiones externas o protagonismos personales, priorizando siempre el marco legal y el interés general.
Bátiz cerró su intervención recordando que comparten origen, mandato y responsabilidad histórica, una frase que resume el tono del mensaje: el TEPJF debe ser ejemplo de disciplina institucional y transparencia.
Justicia electoral con menos costos y más resultados
El enfoque planteado marca una ruta clara: menos gasto superfluo, más eficiencia, mayor control interno y una relación más directa con la ciudadanía. La promesa de vigilar el presupuesto no es solo administrativa, sino también política, pues busca reforzar la credibilidad del sistema electoral.
Si se concreta, este modelo podría sentar precedente para otras instituciones públicas, demostrando que es posible equilibrar austeridad, calidad jurídica y legitimidad democrática.
En un país donde cada decisión electoral tiene impacto nacional, el reto del TEPJF será convertir estas palabras en prácticas sostenidas que fortalezcan la justicia y protejan los recursos públicos.