La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un debate fundamental sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Este debate es clave, ya que de los once ministros actuales, la mayoría está próxima a dejar sus cargos, y su voto podría definir el futuro del poder judicial. Al centro de esta encrucijada, surge la necesidad del oficialismo de obtener el apoyo de un ministro para impedir la invalidez parcial de esta reforma. ¿Es posible que alguno de los ministros esté dispuesto a “chaquetear” a favor del gobierno, al estilo del senador Miguel Ángel Yunes?
Un voto decisivo para evitar la crisis constitucional
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara busca declarar la invalidez parcial de la reforma judicial, argumentando fallas legales cometidas durante su aprobación en el Legislativo. Sin embargo, se necesita mayoría calificada para proceder, lo que equivale a al menos ocho de los once votos del pleno de la SCJN. Aquí es donde la 4T busca bloquear esta mayoría, con el objetivo de evitar el acatamiento de una sentencia que podría poner en jaque sus planes de reestructuración del poder judicial.
De los ministros actuales, tres han mostrado su apoyo a la 4T: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes han dejado clara su postura de respaldo a la reforma. Este trío, sin embargo, no es suficiente. La presión se centra entonces en los ocho ministros restantes, quienes ya anunciaron su salida para el próximo año. Con este grupo, el gobierno tiene una oportunidad de convencer a, al menos, uno de ellos de votar en contra, para evitar los ocho votos requeridos y así desactivar una crisis constitucional.
Incentivos y riesgos: el “Yunes” de la Suprema Corte
El oficialismo ha demostrado que está dispuesto a aplicar incentivos, tanto positivos como negativos, para lograr los votos que necesita. En el Senado, por ejemplo, Morena aseguró su mayoría calificada gracias al voto sorpresivo del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien, a cambio de su apoyo, vio desaparecer diversas órdenes de aprehensión en su contra y recibió comisiones estratégicas. Este episodio, que algunos llaman «chaqueteo» político, encendió la polémica en torno a las estrategias del gobierno para consolidar su agenda en el Legislativo. Ahora, la pregunta es si un “Yunes” surgirá en la Suprema Corte.
Con esta estrategia en mente, el gobierno podría ofrecer a los ministros salientes beneficios en el sector privado o garantizarles una cómoda transición al retiro. Además, hay un trasfondo de amenazas veladas: las investigaciones judiciales pendientes o posibles acusaciones podrían usarse como garrotes para inclinar el voto de algún ministro indeciso. A pesar de la presión, estos ministros cuentan con una imagen profesional consolidada y sus pensiones aseguradas, lo que los protege, en cierto modo, de las amenazas.
¿Alguien dispuesto a sacrificar su legado?
Para los ministros, tomar la decisión de «chaquetear» en el último minuto implica un riesgo considerable para sus carreras. Sería, en muchos sentidos, un acto definitivo, especialmente en una coyuntura donde las decisiones podrían definir la independencia del poder judicial. Optar por votar en contra de la invalidez de la reforma pondría en entredicho su legado, comprometiendo su integridad profesional.
Las consecuencias de un «chaqueteo» judicial serían profundas y de amplio alcance. A nivel nacional, esto debilitaría la imagen de la SCJN, consolidando la percepción de un poder judicial cada vez más vulnerado y sujeto a los intereses del gobierno de turno. A nivel internacional, un fallo judicial en favor de la 4T podría enviar señales negativas sobre la autonomía de las instituciones en México, afectando la confianza de inversionistas y aliados estratégicos.
Conclusión: En la Suprema Corte, el poder del voto individual
En los próximos días, el país estará a la expectativa de si algún ministro tomará el papel de «Yunes» en la Suprema Corte. Esta votación no solo definirá el futuro inmediato de la reforma judicial, sino que pondrá a prueba la solidez y la autonomía del máximo tribunal. Independientemente del resultado, es claro que esta decisión marca un antes y un después en la política judicial de México, y será recordada como un momento clave en la relación entre la SCJN y el poder ejecutivo.
