El gobierno de México publicó un decreto presidencial que faculta al Senado de la República a ratificar los grados superiores otorgados a mandos de la Guardia Nacional (GN). La medida, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica los artículos 76 y 78 de la Constitución Federal, reforzando la supervisión legislativa sobre los nombramientos de alto rango en esta institución de seguridad pública.
La publicación se realizó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que el Senado tendrá la responsabilidad de revisar y ratificar los ascensos de coroneles y otros jefes superiores dentro de la Guardia Nacional, garantizando mayor transparencia y control en la promoción de los mandos de esta fuerza.
Cambios en los artículos 76 y 78 de la Constitución
La reforma al artículo 76 constitucional, en su segunda fracción, especifica que el Senado podrá ratificar los nombramientos que la presidencia otorgue en ciertos cargos, incluyendo mandos de la Guardia Nacional, además de Secretarías de Estado en caso de gobierno de coalición, con algunas excepciones para Defensa Nacional, Marina, Relaciones Exteriores y embajadas.
Por su parte, la modificación en la fracción quinta del artículo 78 otorga un marco legal adicional para respaldar los ascensos de mandos superiores de la GN, asegurando que dichos nombramientos cuenten con la aprobación del poder legislativo y cumplan con los criterios establecidos para cargos de alta responsabilidad.
Objetivos del decreto
El decreto presidencial tiene como finalidad garantizar que los ascensos en la Guardia Nacional se realicen bajo un esquema de control institucional y supervisión legislativa, evitando discrecionalidades y fortaleciendo la profesionalización de los mandos.
Asimismo, busca alinear la estructura de mando de la Guardia Nacional con los principios de transparencia y legalidad, reforzando la confianza ciudadana en esta fuerza de seguridad. La medida también permite que el Senado tenga participación directa en decisiones críticas de seguridad nacional, contribuyendo a la rendición de cuentas de los altos mandos.
Impacto en la Guardia Nacional
Con la entrada en vigor del decreto, la Guardia Nacional tendrá un proceso más formalizado para los ascensos y ratificaciones de coroneles y jefes superiores, lo que podría influir en la estabilidad interna de la institución y en la coordinación con otras fuerzas de seguridad del país.
Al incluir al Senado en la ratificación de los grados superiores, se busca garantizar que los mandos que ocupen cargos estratégicos cuenten con respaldo legislativo, lo que fortalece la estructura jerárquica y la profesionalización de la GN.
Procedimiento para la ratificación
El proceso comenzará con la propuesta de ascensos por parte del Presidente de la República. Una vez enviados al Senado, los legisladores deberán revisar y ratificar los grados superiores propuestos. La evaluación incluirá criterios de experiencia, trayectoria y desempeño, asegurando que solo quienes cumplan con los estándares necesarios ocupen posiciones de liderazgo.
El decreto establece que estas facultades entrarán en vigor a partir de este jueves, por lo que las primeras ratificaciones podrían comenzar de manera inmediata, marcando un precedente en la supervisión legislativa de la Guardia Nacional.
La publicación del decreto presidencial que faculta al Senado de la República a ratificar los grados superiores de la Guardia Nacional representa un paso importante hacia la transparencia y profesionalización de las fuerzas de seguridad en México. La modificación de los artículos 76 y 78 de la Constitución Federal asegura que los ascensos de coroneles y jefes superiores cuenten con supervisión legislativa, fortaleciendo la confianza ciudadana y la rendición de cuentas.
Con esta medida, el Senado desempeña un papel activo en la evaluación y aprobación de mandos estratégicos, mientras la Guardia Nacional consolida su estructura de liderazgo bajo criterios claros y formales. La entrada en vigor inmediata del decreto permitirá que los nombramientos se realicen de manera ordenada y con respaldo legal, reafirmando la importancia del control institucional en la seguridad pública del país.
