Multas del INE llegan al Tribunal Electoral
El debate sobre la propaganda ilegal en procesos electorales alcanzó a jueces y ministros de alto nivel. El magistrado electoral Reyes Rodríguez presentó un proyecto para confirmar las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó a los ministros Hugo Aguilar y Yasmín Esquivel, así como a una veintena de magistrados y jueces, por aparecer en los llamados acordeones o guías de votación. El tema abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia electoral y autoridades judiciales.
Los argumentos de Hugo Aguilar
Hugo Aguilar, presidente de la Corte, impugnó la sanción alegando que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no realizó un análisis probatorio serio ni congruente. Según él, no existían elementos objetivos para sostener que las guías de votación hubieran sido difundidas con la intención de beneficiarlo electoralmente. Tampoco se identificó quién elaboró los materiales, si existió algún pago o cuál fue el alcance real de la difusión. Sin embargo, el INE le impuso dos sanciones de 39 mil 712 pesos cada una, por un total de 79 mil 424 pesos, al aparecer tanto en acordeones físicos como en internet.
Yasmín Esquivel y las sanciones económicas
La ministra Yasmín Esquivel también cuestionó la decisión del INE, calificando como excesiva la multa de casi 95 mil pesos que le fue impuesta en dos sanciones acumuladas. Reyes Rodríguez, no obstante, sostiene que el organismo electoral sí valoró su capacidad económica y que los criterios de fiscalización permiten confirmar el castigo. Además, la magistrada enfrenta otras sanciones derivadas de irregularidades como aportaciones de entes prohibidos, ingresos no reportados y el incumplimiento en el uso de cuentas bancarias obligatorias.
El criterio de Reyes Rodríguez sobre la responsabilidad indirecta
Uno de los puntos clave en el proyecto de Reyes Rodríguez es la interpretación sobre la responsabilidad indirecta. Aunque el INE no acreditó de manera plena la identidad de quienes difundieron los acordeones, el magistrado advierte que en materia de fiscalización basta con probar que existió un beneficio económico susceptible de cuantificarse para confirmar la infracción. En este sentido, la supuesta falta de pruebas directas no elimina la responsabilidad de los candidatos o funcionarios mencionados.
El debate dentro del Tribunal Electoral
La propuesta podría discutirse en sesión el próximo miércoles, con un pleno dividido. Magistrados como Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes han defendido en otras ocasiones el uso de acordeones, por lo que podrían votar en contra de la ratificación de las sanciones. A este escenario se suman dos nuevos integrantes, Gilberto Bátiz y Claudia Valle, quienes también fueron sancionados por el INE y deberán votar por primera vez en un caso en el que ellos mismos aparecieron en las guías de votación.
Multas adicionales a otros funcionarios judiciales
El proyecto de Reyes Rodríguez no se limita a Aguilar y Esquivel. También propone mantener las sanciones del INE contra otros jueces y magistrados. Entre ellas destaca la multa de 10 mil pesos al ministro Aristides Guerrero. Con ello, el Tribunal Electoral busca enviar un mensaje de firmeza en torno al uso de recursos y propaganda indebida en procesos políticos, aun cuando los implicados pertenezcan a los más altos niveles del Poder Judicial.
Implicaciones políticas y legales
El caso refleja un dilema central en la política mexicana: cómo garantizar que los funcionarios judiciales se mantengan al margen de prácticas que puedan interpretarse como propaganda. La confirmación de las multas reforzaría la autoridad del INE y del Tribunal Electoral en materia de fiscalización, aunque al mismo tiempo alimentaría la percepción de que la justicia electoral se entrecruza con la política. La decisión final marcará un precedente sobre el límite de la responsabilidad de jueces y ministros en temas de financiamiento y propaganda electoral.
