El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un proceso inédito: la elección mediante voto popular de 881 ministras, ministros, juezas y jueces del Poder Judicial. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio democrático histórico ha estado rodeado de controversias, vacíos legales y acusaciones de simulación política.
Este artículo desentraña los orígenes, los riesgos y las posibles consecuencias de una reforma que podría transformar la justicia en México, pero no necesariamente para bien.
¿Cómo nació la reforma al Poder Judicial?
El conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial tiene raíces profundas. Desde el inicio de su mandato, el Presidente criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por decisiones contrarias a su agenda política.
Con una mayoría legislativa en el Congreso, la 4T impulsó una reforma que no solo buscaba modificar el funcionamiento del Poder Judicial, sino también destituir a los actuales ministros, magistrados y jueces. Así nació la idea de someter a elección popular los cargos judiciales más importantes del país, con el argumento de democratizar la justicia.
¿Democracia o control político?
Aunque el discurso oficial habla de empoderar al pueblo, los críticos señalan que este proceso podría ser una herramienta para consolidar el control político sobre el Poder Judicial.
Pseudo-consultas y el “Plan C”
Durante los eventos de campaña de Morena, se realizaron consultas informales en las que los asistentes levantaban la mano para expresar su “desaprobación” hacia el Poder Judicial actual. Estas consultas, cargadas de acarreados y sin metodología clara, sirvieron como justificación para implementar la reforma.
Un proceso plagado de vacíos legales y simulación
El diseño del proceso electoral para el Poder Judicial ha sido cuestionado por su falta de planeación, transparencia y previsión de impactos.
- Candidatos externos sin experiencia:
Aunque algunos aspirantes tienen trayectoria en el ámbito judicial, otros son improvisados denominados «Benitos Juárez», con pocas credenciales para ocupar cargos de tal relevancia. - Registros irregulares:
La primera etapa del proceso estuvo marcada por registros duplicados y aspirantes provenientes de los tres poderes de la unión, lo que generó desorden y desconfianza. - Ausencia de consulta al INE y al propio Poder Judicial:
La reforma se diseñó desde la Presidencia, sin la participación de instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral o el propio Poder Judicial.
El riesgo para la independencia judicial
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, la reforma impulsada por la 4T podría debilitar este principio al permitir que los jueces y magistrados dependan del voto popular, una dinámica que los haría vulnerables a intereses políticos y populistas.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
Frente a este escenario, la participación ciudadana será crucial para garantizar que el proceso sea lo más transparente y legítimo posible.
Propuestas para una vigilancia ciudadana:
- Comité Ciudadano de Estrategia:
Integrado por expertos en derecho, este comité podría analizar y proponer soluciones para mejorar los procesos judiciales en el país. - Comité Ciudadano de Observación:
Su función sería supervisar el proceso electoral, evaluar los perfiles de los candidatos y denunciar irregularidades para garantizar que los ciudadanos cuenten con información completa y veraz.
Un momento decisivo para México
La elección del Poder Judicial en 2025 será un punto de inflexión para la justicia y la democracia en México. Aunque el gobierno lo presenta como un ejercicio innovador, las múltiples irregularidades y el evidente control político generan serias dudas sobre sus intenciones.
El futuro del país está en juego. Más que nunca, la sociedad civil debe mantenerse alerta y exigir transparencia para que esta reforma no se convierta en otro paso hacia el autoritarismo.
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