El próximo lunes 6 de octubre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Aduanera, un proyecto que busca cerrar las grietas legales que han permitido fraudes millonarios al erario. El dictamen incluye ajustes en la vigencia de las patentes aduanales y endurece la corresponsabilidad de los agentes aduanales en casos de contrabando y evasión fiscal.
Detrás de la frialdad de las cifras hay un relato que afecta a industrias completas: desde los cañeros que ven caer su producción hasta los trabajadores textiles desplazados por mercancía ilegal.
Contrabando: una amenaza para la economía mexicana
Según Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en Diputados, el sistema aduanero ha sido “rebasado” por prácticas de contrabando, subvaluación y simulación de operaciones.
El caso más alarmante: el huachicol fiscal de diésel, que alcanzó 43 mil barriles diarios en el sexenio anterior, con pérdidas de más de 28 mil millones de dólares para Pemex y Hacienda.
En el sector textil y del calzado, ocho compañías usaron el programa IMMEX para simular exportaciones y vender en el mercado interno productos importados, provocando un fraude de 24 mil millones de pesos y hasta 80 mil empleos perdidos.
La crisis del azúcar y los ingenios clandestinos
El sector azucarero no escapa a esta tormenta. Según la Cámara Azucarera, el ingreso ilegal de 330 mil toneladas de azúcar y la operación de ingenios clandestinos en Puebla, Veracruz y Oaxaca han causado pérdidas por 37 mil millones de pesos.
Para los productores pequeños, que representan el 90% del campo cañero, esta situación significa la diferencia entre mantenerse a flote o quebrar.
Cambios principales de la reforma
El dictamen que será votado propone cinco modificaciones clave:
- Cartas de crédito en lugar de cuentas de garantía para no afectar la liquidez empresarial.
- Patentes aduanales con vigencia de 20 años, prorrogables, en lugar de 10.
- Certificación de agentes aduanales cada tres años, no de forma obligatoria anual.
- Autorizaciones de agencias aduanales por 20 años, con posibilidad de prórroga.
- Aplicación de estas reglas a patentes vigentes, otorgando certidumbre jurídica.
Estos cambios buscan equilibrar la lucha contra el contrabando con la viabilidad de las operaciones comerciales.
Una reforma con impacto directo
La iniciativa no es solo un documento legislativo: es la respuesta a una realidad que golpea a los bolsillos de millones de mexicanos. Cada litro de combustible contrabandeado, cada prenda subvaluada, cada kilo de azúcar ilegal afecta la competitividad, el empleo y la recaudación fiscal.
Si el Congreso aprueba la reforma, México podría dar un paso decisivo hacia un sistema aduanero más fuerte, transparente y justo.
