La reciente reforma judicial de México, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado controversia en el ámbito nacional e internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «profunda preocupación» por esta reforma que, entre otros cambios, permite la elección popular de jueces.
La CIDH teme que esta medida comprometa la independencia del Poder Judicial, un principio fundamental en cualquier democracia.
La reforma judicial y el debate sobre la independencia judicial
El 15 de septiembre, la reforma judicial fue aprobada por el Congreso de México con el apoyo de la mayoría oficialista. El argumento del gobierno es que esta reforma permitirá una mayor «democratización» del sistema judicial, ya que los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a sus jueces. No obstante, para los críticos, este cambio podría ser una puerta de entrada a la intervención del Ejecutivo en la justicia.
Los opositores afirman que el oficialismo podría aprovechar este proceso para impulsar a sus candidatos y, eventualmente, controlar el Poder Judicial.
La CIDH y su posición ante la reforma judicial
La CIDH, a través de su relatora para México, Andrea Pocak, ha advertido sobre los riesgos que conlleva la reforma. Durante una audiencia en Washington, Pocak subrayó que la democratización de la justicia no debe interferir con la independencia judicial, un pilar fundamental del sistema interamericano.
En sus palabras: “Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico, el de la independencia judicial”.
La Comisión está comprometida en monitorear la implementación de esta reforma para asegurar que se respeten los derechos humanos y la independencia de los jueces. Según Pocak, este tipo de reformas en otros países ha tenido consecuencias negativas, como la “deslegitimación” del sistema judicial y un aumento en la desconfianza ciudadana.
La crítica de Carlos Bernal: «Un ejemplo de abuso del constitucionalismo»
Durante la misma audiencia, Carlos Bernal, otro comisionado de la CIDH, manifestó una postura aún más crítica. Bernal calificó la reforma como «un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo». Según su análisis, la elección popular de jueces podría interpretarse como un intento del gobierno de “desmontar los contrapesos y controles” que limitan el poder del Ejecutivo.
El comisionado incluso planteó una pregunta retórica para ilustrar su preocupación: «¿No es sospechoso que un Gobierno que arrasa en las urnas también busque controlar el sistema judicial?» Con estas declaraciones, Bernal evidenció la incertidumbre que la reforma genera en la comunidad internacional.
Respuesta de Claudia Sheinbaum: «México es soberano»
La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en responder a las críticas de la CIDH. En una rueda de prensa, Sheinbaum defendió la soberanía de México y el derecho de su gobierno a realizar reformas conforme a la Constitución. Sheinbaum cuestionó la rapidez con la que la CIDH aceptó la audiencia sobre la reforma judicial, sugiriendo que la Comisión ha mostrado un interés inusualmente alto en este caso.
«La rapidez de la CIDH llama la atención. Hay casos que tardan años, y esta reforma se atendió en semanas», señaló Sheinbaum. La presidenta destacó que el gobierno mexicano siempre ha sido respetuoso de los derechos humanos y aseguró que la reforma no pretende afectar la independencia judicial, sino que busca ampliar la participación ciudadana.
¿Hacia dónde va el sistema judicial en México?
La reforma judicial plantea preguntas cruciales sobre el futuro del sistema judicial en México. Si bien la intención declarada es democratizar la justicia, el proceso de elección popular de jueces puede representar un desafío a la imparcialidad judicial. La CIDH ha dejado claro que no bajará la guardia y seguirá monitoreando de cerca la implementación de esta reforma.
Mientras tanto, México se enfrenta a un delicado equilibrio entre la soberanía nacional y las expectativas internacionales sobre la independencia de sus instituciones. El impacto de esta reforma no solo afecta a los jueces, sino que también influye en la percepción de los ciudadanos sobre la justicia y su confianza en el Estado de derecho.
¡Únete a nuestro canal de Telegram! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
