El Paquete Económico 2025 plantea una reducción del déficit fiscal del 5.9% al 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB), en lo que parece ser un intento por mostrar mayor responsabilidad fiscal. Sin embargo, detrás de este aparente logro, se esconden recortes que impactarán áreas críticas como la salud, la educación y la inversión en infraestructura.
En un contexto donde el Gobierno busca sobrevivir políticamente tras un sexenio marcado por déficits crecientes, el presupuesto proyectado para 2025 deja en claro que no se está priorizando el crecimiento sostenible ni la atención a los grandes retos estructurales del país.
Reducción del déficit: ¿un ajuste necesario o una oportunidad perdida?
La disminución del déficit era un compromiso del actual gobierno tras las elecciones. Sin embargo, esta reducción no se acompaña de una reforma estructural en la política fiscal que garantice un crecimiento sostenible.
El presupuesto sigue dependiendo de ingresos petroleros inestables y de endeudamiento, sin abordar las reglas fiscales fundamentales que evitarían comprometer los ingresos futuros. Por cada peso de endeudamiento proyectado, solo 59 centavos se destinarán a inversión, incumpliendo con la «Regla de Oro» constitucional.
Dato clave: En 2025, la inversión pública caerá al 1.7% del PIB, muy por debajo del promedio histórico y del 3.8% destinado al pago de intereses de la deuda.
Recortes en sectores clave
El ajuste fiscal afecta principalmente áreas fundamentales para el desarrollo social y económico del país:
Salud
El gasto funcional en salud caerá del 2.8% al 2.4% del PIB, alejándose aún más del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el Gobierno planea disponer del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), sin garantizar que estos recursos se destinen efectivamente a atender las necesidades médicas de la población.
Educación
El gasto en educación se mantiene estancado en el 2.9% del PIB, muy por debajo del 3.5% observado en administraciones anteriores. Esto limita la capacidad del sistema educativo para enfrentar los desafíos de cobertura y calidad.
Infraestructura
La inversión pública, excluyendo a Pemex, se reducirá al 1.7% del PIB. Este recorte frena proyectos estratégicos para el desarrollo económico y social del país.
Seguridad
El gasto en seguridad nacional y policías disminuirá del 0.7% al 0.5% del PIB, una decisión polémica en un contexto de creciente violencia e inseguridad.
Pemex, el gran ganador del presupuesto
Uno de los aspectos más controvertidos del Paquete Económico 2025 es la redistribución de la renta petrolera. Pemex recibirá el 75% de los ingresos petroleros, mientras que la Federación solo retendrá el 25%, la peor proporción histórica.
Esta preferencia hacia Pemex perpetúa un modelo de negocio poco rentable, que prioriza la refinación y otras actividades deficitarias, mientras compromete recursos que podrían destinarse a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
¿Qué hay detrás de este presupuesto?
El Paquete Económico 2025 refleja a un Gobierno enfocado en sobrevivir políticamente, en lugar de implementar cambios de fondo que atiendan los retos estructurales del país.
- No se proponen reformas fiscales que amplíen el presupuesto mediante ingresos tributarios sostenibles.
- Se priorizan programas y proyectos emblemáticos que no necesariamente maximizan el impacto social o económico.
- La dependencia al endeudamiento y los ingresos petroleros limita las posibilidades de financiar servicios e infraestructura a largo plazo.
¿Qué sigue para México?
El panorama plantea varios riesgos:
- Perder el grado de inversión: Si el país no logra estabilizar sus finanzas, podría acceder a financiamiento en condiciones menos favorables, pagando tasas de interés más altas.
- Servicios insuficientes: Los recortes en salud, educación e infraestructura comprometen la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo.
- Falta de sostenibilidad fiscal: Sin una reforma estructural, México seguirá dependiendo de ingresos volátiles, como los petroleros, y de un endeudamiento creciente.
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