La reciente propuesta de reforma para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos como Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, y SocialTic. Estas entidades advierten que la reforma podría representar un peligro para la privacidad y seguridad de la población, al permitir que las autoridades accedan a datos sensibles sin un control adecuado.
La reforma y sus implicaciones
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es el registro digital masivo de usuarios de telefonía móvil que se propone dentro de la reforma. Este sistema, que vincularía la CURP, el RFC o la identificación oficial con los números telefónicos, recuerda al Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) implementado en la administración de Felipe Calderón. Este registro, que fue eliminado en 2011 después de que su base de datos fuera vulnerada, no cumplió con el objetivo de reducir la criminalidad. Durante su vigencia, el delito de extorsión aumentó en un 40% y el secuestro en un 8%, lo que plantea dudas sobre la eficacia de este tipo de medidas.
Emulación de medidas fallidas: el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut)
La reforma se inspira también en el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), aprobado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022. La Corte señaló que dicho padrón violaba los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, fundamentales en una democracia.
Las organizaciones consideran que la reactivación de estos registros masivos sin garantías adecuadas de protección de datos podría exponer a la población a abusos y vulneraciones de seguridad. Esto afectaría especialmente a aquellos que ya han sido víctimas de delitos de extorsión o secuestro, pues tendrían un mayor riesgo de sufrir la filtración de su información personal.
El Sistema Nacional de Información: riesgos adicionales
Otra de las propuestas incluidas en la reforma es la creación de un Sistema Nacional de Información que fusionaría una gran cantidad de bases de datos sobre vehículos, registros biométricos, fiscales y telefónicos. Esta fusión de información le permitiría a la SSPC acceder a “indicios, datos y pruebas para investigaciones” sin necesidad de un control judicial adecuado. Las organizaciones alertan que este acceso sin supervisión podría ser susceptible de actos de corrupción y abuso de poder, lo que amenaza la seguridad y los derechos humanos de la ciudadanía.
El sistema centralizado de recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos personales sensibles sería una forma de vigilancia masiva que no solo comprometería la privacidad de los usuarios, sino que también vulneraría el derecho al acceso a tecnologías de la información y comunicación.
Vulnerabilidad ante autoridades coludidas
Una de las críticas más severas de las organizaciones es que las autoridades federales, estatales y municipales tendrían acceso a la base de datos sin el control adecuado de una autoridad de protección de datos autónoma. Esto podría permitir que actores coludidos con la delincuencia obtuvieran acceso a información personal de toda la población, exponiéndola a ser utilizada con fines ilícitos.
El peligro de un Estado policial
Las organizaciones afirman que esta propuesta representa una medida de vigilancia masiva e indiscriminada, propia de un Estado policial. Señalan que sin un marco democrático y controles estrictos, esta reforma podría convertirse en una herramienta de represión y control social, en lugar de una verdadera solución para la seguridad pública.
En este sentido, también advierten que el condicionamiento del acceso a la telefonía móvil a la entrega de datos personales afectaría los derechos humanos de la población, especialmente los de libertad y privacidad.
La necesidad de un enfoque equilibrado
Las organizaciones firmantes del comunicado concluyen que, aunque la seguridad pública es una prioridad, no se puede sacrificar la protección de los derechos humanos y la privacidad de la población en nombre de la lucha contra la delincuencia. Es necesario encontrar un balance que garantice la seguridad sin recurrir a medidas que puedan vulnerar la libertad individual y el derecho a la protección de datos personales.
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