En México, la narrativa oficial ha minimizado la violencia criminal con frases como “se matan entre ellos”, pero la realidad es otra. El asesinato de los niños Gael y Alejandro en Sinaloa desató indignación y expuso lo que ya se sabía: el crimen organizado está infiltrado en el gobierno y goza de impunidad.
Ejemplo claro de esta postura fue la respuesta del secretario de seguridad de Sinaloa, General Rentería Schazarino: “eso generan los vidrios polarizados”. Con declaraciones así, no se busca justicia, sino desviar la atención y culpar a las víctimas.
La colusión entre políticos y crimen organizado
La infiltración del crimen en los gobiernos estatales no es nueva, pero en los últimos años ha crecido a niveles alarmantes. Ejemplos sobran:
El Michoacanazo: impunidad en el poder
En 2009, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó la detención de 11 alcaldes en Michoacán por sus nexos con La Familia Michoacana. Sin embargo, meses después fueron liberados por jueces estatales.
Uno de los implicados, Antonio Ixtláhuac Orihuela, gobierna hoy Zitácuaro por tercera vez, ahora bajo el partido Morena. Reportes de inteligencia indican que su administración está infiltrada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Casos similares se repiten en Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Tamaulipas: corrupción al más alto nivel
Tamaulipas es otro ejemplo alarmante. Audios filtrados revelaron supuestos vínculos del gobernador Américo Villarreal y Mario Delgado con el líder huachicolero Sergio Carmona, con quien incluso exportaban ilegalmente combustible a Estados Unidos.
El huachicol ha sido una fuente de financiamiento para campañas políticas, y las autoridades han mirado hacia otro lado.
Veracruz y el negocio del huachicol con Pemex
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene información sobre la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, vinculándola con líderes del huachicol y altos funcionarios de Pemex.
A diferencia de Tamaulipas, donde el huachicol se basa en perforaciones ilegales, en Veracruz se concedieron gasolineras a los criminales para recibir combustible directamente robado de Pemex.
El dinero de estas operaciones se habría utilizado para financiar campañas de Morena, un patrón que se ha repetido en otros estados.
El CNI y su traición al país
Además de encubrir estas redes de corrupción, el CNI habría vendido información confidencial sobre operaciones encubiertas y agentes estadounidenses al Cártel de Sinaloa.
A pesar de esto, López Obrador protegió al director del CNI, el General Audomaro Martínez, negándose a destituirlo, lo que habría causado la renuncia del embajador estadounidense Christopher Landau, quien hoy forma parte del equipo de Donald Trump.
La relación con Washington se complica, y México podría enfrentar mayor presión en temas de seguridad con el regreso de Trump.
Sinaloa: un gobernador bajo el control del narco
Uno de los casos más graves es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyas conexiones con el Cártel de Sinaloa han sido documentadas.
Desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, la violencia en el estado ha aumentado, pero el gobernador ha sido incapaz de enfrentar la crisis.
La indignación creció tras el asesinato de los niños Gael y Alejandro, con manifestaciones en Culiacán exigiendo la salida del gobernador.
Como expresó una joven manifestante:
«Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno.»
¿Qué hará Claudia Sheinbaum ante esta crisis?
El despertar social en Sinaloa es esperanzador, pero el problema es nacional. La colusión entre crimen y gobierno se ha convertido en la norma, y la pregunta clave es:
¿Claudia Sheinbaum enfrentará esta crisis o continuará con la misma impunidad que su antecesor?
La presidenta tiene dos opciones:
- Romper con la narcopolítica y actuar contra gobernadores y funcionarios vinculados al crimen.
- Proteger a los suyos y permitir que el problema siga creciendo hasta que la violencia se vuelva incontrolable.
El país está en un punto crítico, y el silencio presidencial solo agravará la crisis.
El crimen ya no solo está en las calles, también en el poder
La violencia en México no es un problema aislado de los cárteles, sino una crisis institucional provocada por la colusión entre políticos y criminales.
Casos como los de Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas son evidencia de que los gobernadores ya no solo administran estados, sino que operan en conjunto con el crimen organizado.
Las protestas en Sinaloa son un primer paso, pero la pregunta sigue en el aire:
¿Permitirá Sheinbaum que los delincuentes sigan gobernando, o enfrentará el desafío de limpiar el país?
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