El contexto político y jurídico del caso
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a poner sobre la mesa el tema del desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”), dirigente nacional del PRI. Durante su programa Martes del Jaguar, Sansores advirtió que no dará marcha atrás en su intención de que el político campechano enfrente la justicia por presuntos actos de corrupción.
“Si este expediente no procede, ya tenemos preparado el siguiente. Tenemos material para el infinito”, declaró, subrayando que las denuncias contra Moreno son sólidas y que tarde o temprano deberán ser analizadas por el Congreso de la Unión.
La dificultad del proceso de desafuero
La mandataria reconoció que los juicios de procedencia en México son poco comunes, ya que en toda la historia solo se ha concretado uno. Aun así, aseguró que ahora existe un escenario legislativo más equilibrado que podría abrir la puerta a que el procedimiento avance en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.
“Sabemos que es complicado, pero si este intento no prospera, habrá otro. Esa certeza lo pone nervioso, por eso se enojó y se fue a Washington”, expresó Sansores, refiriéndose al reciente viaje del dirigente priista.
La parte jurídica: declaraciones de la Consejería
El titular de la Consejería Jurídica del Estado, Pedro Alcudia Vásquez, recordó que fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche la que presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero.
Según Alcudia, existen cinco procedimientos penales firmes y contundentes en contra de Moreno Cárdenas, los cuales ya cuentan con investigaciones concluidas. El siguiente paso es judicializar las carpetas y presentarlas ante un juez federal o del fuero común.
No obstante, debido a que el dirigente priista goza de inmunidad procesal (fuero constitucional), primero debe resolverse la declaratoria de procedencia prevista en el artículo 111 de la Constitución mexicana.
Tiempos y escenarios posibles
De acuerdo con el marco legal, la solicitud se encuentra actualmente en periodo de admisión. Será en septiembre cuando la Cámara de Diputados decida si le da trámite. A partir de ahí, el Congreso tendría 60 días naturales para determinar si procede o no el retiro de fuero a Moreno Cárdenas, lo que permitiría que quedara a disposición de un órgano jurisdiccional.
El desenlace de este proceso tendrá un impacto político considerable, ya que se trata de un dirigente de partido en funciones y exgobernador, lo que abre un precedente relevante en la relación entre justicia y poder político en México.
La ofensiva política y jurídica encabezada por Layda Sansores contra Alejandro Moreno Cárdenas continúa intensificándose. Aunque el proceso de desafuero es complejo y poco frecuente en la historia mexicana, la gobernadora insiste en que existen suficientes expedientes para sostener los casos en tribunales.
En los próximos meses, será el Congreso de la Unión quien determine si las denuncias avanzan hacia la eliminación del fuero y un eventual juicio. De concretarse, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción política en México.
