En la última sesión del año en el Senado de la República, se aprobó la reforma a la Ley Infonavit, una medida que promete transformar el sistema de créditos para la vivienda en México. Sin embargo, esta reforma ha generado un amplio rechazo por parte de varios sindicatos, que temen que el gobierno utilice los ahorros de los trabajadores para financiar proyectos de vivienda y que pierdan poder en la toma de decisiones sobre sus propios fondos. La respuesta ha sido contundente: los sindicatos amenazan con llevar sus quejas a instancias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que la reforma no ha contado con la participación necesaria de los trabajadores.
El contexto de la reforma: ¿Qué implica?
La reforma al Infonavit ha sido presentada por el gobierno federal como una medida para mejorar el acceso a la vivienda para los trabajadores. Sin embargo, los sindicatos temen que, bajo este nuevo esquema, el gobierno pueda tomar decisiones unilaterales sobre el destino de los fondos del instituto, sin el consenso de los trabajadores y sus representantes. En palabras de Rodolfo González Guzmán, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la reforma violaría el convenio 144 de la OIT, firmado por México en 1978, que estipula la obligación de consultar y escuchar a todas las partes involucradas antes de tomar decisiones relevantes para los trabajadores.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para tranquilizar a los sindicatos, como las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes se oponen a la reforma siguen cuestionando el proceso. La reforma fue aprobada en una sesión del Senado sin una amplia discusión ni participación de los trabajadores, lo que alimentó la desconfianza.
El rechazo sindical: Un clamor por el diálogo
Los sindicatos que integran la Asociación General de las y los Trabajadores (AGT) han sido los más vocales en su oposición. De acuerdo con Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, la reforma fue presentada de manera apresurada y sin una consulta adecuada. Si bien no están en contra de una reforma que mejore el funcionamiento del Infonavit, señalan que el proceso ha sido antidemocrático. Hernández Juárez envió una carta a la presidenta Sheinbaum solicitando una reunión para expresar las preocupaciones de los sectores sindicales.
Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), también expresó su malestar, subrayando que, a pesar de los compromisos hechos durante la reforma constitucional, los sindicatos fueron excluidos de las discusiones sobre la ley secundaria. Para los trabajadores, la falta de un debate abierto y la aprobación de la reforma sin su participación activa representan una grave vulneración a sus derechos.
La respuesta del gobierno y la postergación de la reforma
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que la discusión y aprobación de la Ley del Infonavit será pospuesta para 2025. Este cambio responde a la creciente presión de los sindicatos, quienes han solicitado más tiempo para debatir y considerar las implicaciones de la reforma. Monreal explicó que, ante las críticas, se dará un tiempo adicional para reflexionar sobre las decisiones legislativas que son clave para el país.
La moratoria en la aprobación definitiva de la reforma es vista por algunos como un signo de que el gobierno está dispuesto a escuchar las preocupaciones de los trabajadores. Sin embargo, la incertidumbre persiste y la tensión sigue siendo alta, ya que los sindicatos exigen una participación más activa en las decisiones que afectan directamente a los trabajadores.
Los impactos de la reforma en los trabajadores: ¿Una solución o un riesgo?
Uno de los principales temores de los sindicatos es que la reforma, en su versión final, permita que el gobierno tenga un mayor control sobre los ahorros de los trabajadores. Actualmente, los fondos del Infonavit son administrados por el instituto, pero los trabajadores tienen cierto control sobre su destino. Los sindicatos temen que, con la reforma, se modifiquen las reglas del juego y el gobierno asuma un papel más dominante, reduciendo la autonomía de los trabajadores para decidir sobre su futuro económico.
Por otro lado, el gobierno defiende que la reforma es necesaria para mejorar la capacidad del Infonavit de ofrecer créditos de vivienda más accesibles y para responder a las necesidades de la población trabajadora, especialmente en un contexto económico que enfrenta desafíos como la inflación y la crisis del mercado inmobiliario.
¿Cuál es el futuro del infonavit?
La reforma al Infonavit es un tema complejo que está generando un debate intenso en México. Mientras que el gobierno insiste en que la reforma traerá beneficios a los trabajadores, los sindicatos siguen considerando que el proceso ha sido opaco y poco consultivo. El hecho de que los sindicatos estén considerando presentar quejas internacionales ante la OIT pone en evidencia la gravedad de la situación y la falta de consenso en torno a esta reforma clave.
Los próximos meses serán cruciales para determinar si el gobierno puede lograr un acuerdo con los sindicatos que permita una reforma del Infonavit que beneficie a los trabajadores sin socavar sus derechos. Mientras tanto, la incertidumbre sigue siendo la protagonista de esta disputa entre los trabajadores y el gobierno federal.
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