La veda electoral para la histórica Elección Judicial 2025 en México concluyó a la medianoche de este 1 de junio, dando paso a la jornada de votación. Sin embargo, el ambiente preelectoral estuvo marcado por intensas controversias sobre la transparencia del proceso y la idoneidad de algunas candidaturas, temas que persisten al inicio de la votación.
Con el cierre de la veda electoral a las 00:00 horas de este domingo 1 de junio, México entra de lleno en la jornada de su primera Elección Judicial, un proceso que ha generado tanto expectación como un considerable debate. Durante el periodo de reflexión, que se extendió del 29 al 31 de mayo, estuvo estrictamente prohibida la difusión de propaganda electoral, resultados de encuestas o sondeos de opinión, con el objetivo de permitir a los ciudadanos un voto informado y sin presiones externas.
No obstante, la efectividad de esta veda se ha visto cuestionada por las críticas generalizadas sobre la falta de claridad en los perfiles de los candidatos y la presencia de nominaciones controvertidas. Se ha señalado que algunos aspirantes, incluso, tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta situación genera una desconexión entre el diseño electoral, que busca una reflexión informada, y la realidad práctica de una ciudadanía que, en muchos casos, carece de información suficiente y clara sobre quiénes son y qué representan los 881 cargos judiciales a elegir. Si los votantes no tienen acceso a datos transparentes antes de la veda, el periodo de reflexión pierde parte de su propósito, llevando a decisiones basadas en información incompleta o sesgos preexistentes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una advertencia contundente, afirmando que la reforma judicial «agrava las fallas en derechos y verdad». Esta declaración subraya que los problemas no son solo de implementación, sino que podrían ser inherentes a la estructura misma de la reforma. La percepción de «intentos desesperados» por parte de algunos candidatos para atraer votantes podría ser un síntoma de esta dificultad para conectar con un electorado que se siente desinformado o desconfiado.
La combinación de una veda legal que silencia la campaña directa y un déficit percibido en la información transparente sobre los candidatos podría llevar a una menor participación ciudadana o a un voto menos informado. Esto, a su vez, podría impactar la legitimidad de los funcionarios electos y la confianza pública en el sistema judicial, incluso antes de que los nuevos jueces asuman sus funciones.
A pesar de estas preocupaciones, el gobierno federal, incluyendo a la Presidenta, ha expresado confianza en que no habrá un boicot a la elección judicial por parte de los maestros de la CNTE, lo que sugiere un esfuerzo por asegurar la normalidad de la jornada. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto a disposición herramientas y guías para que los ciudadanos ubiquen sus casillas y conozcan el número de boletas que recibirán, que en la Ciudad de México pueden ser hasta nueve, incluyendo las de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, del Poder Judicial y juzgados.
La situación actual pone de manifiesto un desafío recurrente en las transiciones políticas: la brecha entre la intención legislativa (democratizar el poder judicial) y las realidades prácticas de su ejecución, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la información pública. El resultado de esta jornada no solo determinará la composición del Poder Judicial, sino que también sentará un precedente sobre la capacidad de México para llevar a cabo procesos electorales complejos bajo un escrutinio público y con desafíos inherentes a la transparencia. La credibilidad a largo plazo del nuevo poder judicial y del proceso democrático en sí mismo dependerá en gran medida de cómo se gestionen estas controversias y cómo se perciba la legitimidad de los resultados.
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