El asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo Manríquez ha encendido las alarmas en el sector agrícola de Michoacán. Tras el crimen ocurrido el pasado 19 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que “el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune”, al tiempo que anunció el refuerzo de las operaciones conjuntas para combatir los delitos de extorsión y cobro de piso que afectan a los productores de limón en la región de Apatzingán.

Coordinación federal y estatal para frenar la violencia

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), García Harfuch informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión de trabajo en Apatzingán junto con el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y diversas autoridades locales.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar directamente las inquietudes de los productores y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno frente a la creciente presión que grupos criminales ejercen sobre el sector citrícola.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, con el General Secretario Ricardo Trevilla, titular de @Defensamx, nos reunimos con productores de limón, el gobernador @ARBedolla y otras autoridades locales, en Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso”, escribió Harfuch.

Refuerzo de operaciones conjuntas e inteligencia

Durante la reunión, las autoridades acordaron intensificar las operaciones de seguridad y de investigación con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

El objetivo principal es proteger al sector productivo y garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas, quienes en los últimos años han sido víctimas de amenazas, secuestros y cobros ilegales por parte del crimen organizado.

“Se reforzarán las operaciones conjuntas del @GabSeguridadMX, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán”, detalló el funcionario federal.

Estas medidas buscan restablecer la confianza de los productores, que durante meses han denunciado ser víctimas de extorsión sin recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales.

El asesinato que conmocionó a Apatzingán

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado el 19 de octubre tras acudir a una reunión en la región. Según reportes preliminares, el empresario fue interceptado y privado de la vida por presuntos integrantes del crimen organizado, quienes ya lo habían amenazado en el pasado por denunciar públicamente los cobros de “derecho de piso” que sufren los productores de limón.

Bravo Manríquez se había convertido en una de las voces más visibles contra la extorsión en la zona limonera de Michoacán, motivo por el cual su homicidio generó indignación entre los agricultores y aumentó la presión sobre las autoridades para que se actuara con firmeza.

Hasta el momento, se ha informado sobre la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato, aunque la investigación continúa abierta. Harfuch aseguró que el caso será prioritario para las fuerzas de seguridad, reiterando que no habrá impunidad.

Un sector productivo bajo amenaza

Michoacán es uno de los principales productores de limón en México, con miles de familias que dependen directamente de esta actividad económica. Sin embargo, en los últimos años, los grupos criminales han extendido su control sobre la cadena productiva, imponiendo cobros ilegales que afectan tanto a los agricultores como a los transportistas y comerciantes.

Productores locales han denunciado que, además de los cobros de piso, enfrentan robos de cosechas, amenazas de muerte y secuestros. Estas prácticas han provocado una caída en la producción y el cierre temporal de huertos, lo que repercute directamente en la economía regional.

Frente a esta situación, la reunión encabezada por García Harfuch representa un intento por recuperar el control institucional y proteger a quienes sostienen una de las principales actividades agrícolas de Michoacán.

Justicia y protección para los productores

El mensaje de Harfuch de que “el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune” ha sido recibido con esperanza, pero también con cautela. Los productores demandan acciones concretas y resultados visibles, más allá de los compromisos públicos.

De acuerdo con los agricultores de Apatzingán, la seguridad en las zonas rurales requiere no solo presencia militar o policial, sino también inteligencia financiera y judicial para desmantelar las redes que lucran con la extorsión.

Además, se ha pedido a las autoridades crear mecanismos de denuncia anónima y protección para quienes decidan señalar los actos de corrupción o amenazas del crimen organizado.

El asesinato de Bernardo Bravo simboliza el riesgo que enfrentan los productores agrícolas en Michoacán, una región donde el trabajo y la economía rural chocan con la violencia y la impunidad.

Las medidas anunciadas por Omar García Harfuch y la coordinación entre autoridades federales, estatales y locales marcan un primer paso hacia la recuperación de la seguridad en el sector citrícola.

No obstante, los productores coinciden en que la verdadera justicia llegará solo cuando cesen las extorsiones, se garantice su seguridad y el sacrificio de líderes como Bravo se traduzca en un campo michoacano libre de amenazas.