En una revelación que parece sacada de un thriller de espionaje, el actual gobierno de la Ciudad de México ha acusado a la administración de Miguel Ángel Mancera de permitir una grave brecha de seguridad en 2018: el Cártel de Sinaloa habría hackeado el sistema de cámaras del C5 para vigilar a un agente del FBI.
La acusación, que está generando una tormenta política, se basa en un informe recientemente desclasificado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según este documento, en 2018, un informante del Cártel de Sinaloa confesó haber contratado a un hacker que no solo intervino el teléfono de un agregado del FBI en México, sino que también utilizó «el sistema de cámaras de la Ciudad de México para seguirlo por la ciudad e identificar a las personas con las que se reunía».
El actual titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, aprovechó la revelación para lanzar un dardo directo a la administración anterior. Afirmó que estos hechos ocurrieron durante el último tramo del gobierno de Mancera, un periodo en el que, según él, «se negaba la existencia del crimen organizado» en la capital.
Arma Política y Desconfianza Ciudadana
Aunque el evento ocurrió hace años, su resurgimiento ahora es una jugada política calculada. Al utilizar un informe de una fuente externa y creíble como el gobierno de EE.UU., la administración actual se posiciona como la que descubre y expone la falla, mientras ataca a un rival político del pasado. La estrategia es clara: presentarse como el gobierno competente que corrigió las vulnerabilidades heredadas.
«A la fecha, no se conocen ni se han detectado riesgos públicos o institucionales de intrusiones exitosas al núcleo del C5», aseguró Guerrero Chiprés, contrastando la situación actual con la del pasado y reforzando la narrativa de que el problema ya fue solucionado.
Sin embargo, más allá de la disputa política, la revelación tiene una consecuencia peligrosa: erosiona la confianza del público en toda la infraestructura de vigilancia de la ciudad. Aunque las autoridades aseguren que el sistema es seguro ahora, el mensaje que resuena en la mente del ciudadano es que «el narco controló las cámaras de la ciudad».
Esta idea planta una semilla de duda y paranoia que es difícil de erradicar. Si ocurrió una vez, ¿podría volver a pasar? La noticia, que combina el poder del narco, el espionaje internacional y la política local, toca las fibras más sensibles de la percepción de seguridad y plantea una pregunta fundamental sobre el verdadero control de la tecnología que vigila a los capitalinos.
