En una decisión unánime, la Corte Suprema de Estados Unidos revivió este viernes las demandas presentadas por víctimas estadounidenses de ataques terroristas en el extranjero contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), sentando un precedente clave sobre la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
WASHINGTON D.C. – La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo unánime que permite a ciudadanos estadounidenses, víctimas de ataques terroristas en el extranjero, demandar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y a la Autoridad Palestina (AP) en tribunales federales. La decisión, con un marcador de 9-0, valida una ley del Congreso y redefine el alcance de la justicia para las víctimas de terrorismo con ciudadanía estadounidense.
El fallo, redactado por el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se centra en el caso Fuld v. Palestine Liberation Organization y confirma la constitucionalidad de la Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo (PSJVTA, por sus siglas en inglés) de 2019. Esta ley fue diseñada específicamente por el Congreso para permitir que las cortes de EE. UU. ejerzan jurisdicción sobre la OLP y la AP en casos civiles relacionados con el terrorismo.
El Razonamiento Legal: Una Distinción Clave
El núcleo del debate legal era si la PSJVTA violaba la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución. Los abogados de la OLP argumentaron que, para ser demandados en EE. UU., debían tener «contactos mínimos» con el país, un estándar derivado de la Decimocuarta Enmienda que aplica a los estados.
Sin embargo, la Corte rechazó este argumento de manera contundente. El juez Roberts explicó que las limitaciones impuestas a los estados no se aplican de la misma manera al gobierno federal. Mientras que las reglas de la 14ª Enmienda buscan proteger el federalismo y evitar que un estado exceda su poder sobre otro, la 5ª Enmienda se refiere al poder del gobierno federal, que tiene una autoridad única a nivel nacional y extraterritorial, especialmente en asuntos de política exterior y seguridad nacional.
«El Gobierno Federal puede elaborar una disposición jurisdiccional específica que garantice que los estadounidenses heridos o muertos por actos de terrorismo tengan un foro adecuado en el que reivindicar su derecho a una indemnización» – Opinión de la Corte, Fuld v. PLO.
La Corte determinó que la ley del Congreso ata razonablemente la jurisdicción a conductas específicas que implican directamente a Estados Unidos, como realizar pagos a terroristas o sus familias, o mantener ciertas operaciones en suelo estadounidense. Por lo tanto, el acto de legislar para crear esta jurisdicción fue un «juicio ponderado» de los poderes político (Congreso y Presidente) en un área de su competencia.
Implicaciones del Fallo Unánime
La unanimidad del fallo es particularmente notable en una Corte a menudo dividida ideológicamente. La decisión, respaldada tanto por jueces conservadores como liberales, envía un poderoso mensaje sobre el consenso que existe en torno a la autoridad del gobierno federal para proteger a sus ciudadanos del terrorismo internacional utilizando herramientas legales.
Para las víctimas y sus familias, este fallo es una victoria monumental, ya que reabre la puerta para buscar compensación y justicia en cortes estadounidenses por ataques ocurridos hace años. Para la política exterior de EE. UU., la decisión solidifica el uso de la legislación civil como una herramienta para presionar a entidades extranjeras, estableciendo un precedente que podría ser utilizado en otros contextos en el futuro.
El juez Clarence Thomas, en una opinión concurrente a la que se unió parcialmente el juez Neil Gorsuch, expresó que habría ido aún más lejos, afirmando que la Quinta Enmienda no impone ningún límite territorial al poder del gobierno federal para extender la jurisdicción de sus tribunales.
