Compra SCJN camionetas es la decisión que volvió a colocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el centro del debate público, luego de que se confirmara la adquisición de nuevas camionetas Jeep Cherokee para cada ministro, con precios que en el mercado oscilan entre 1 millón 70 mil y hasta 1 millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones adicionales como blindaje.
La medida, según el máximo tribunal, responde a criterios estrictos de seguridad institucional y no a decisiones discrecionales, en un contexto donde la protección de funcionarios de alto nivel se ha convertido en un tema sensible tanto en términos de riesgo como de uso de recursos públicos.
SCJN: Renovación del parque vehicular de la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un proceso de renovación de su parque vehicular, asignando una camioneta nueva a cada uno de sus ministros. Las unidades sustituyen vehículos modelos 2019 y 2020, los cuales, de acuerdo con evaluaciones técnicas, ya no cumplen con los estándares adecuados de seguridad.
Aunque no se ha precisado el número total de vehículos que conforman la flotilla completa, la Corte informó que la compra inmediata corresponde a nueve unidades, como parte de una estrategia más amplia de actualización del equipamiento utilizado por la Dirección General de Seguridad.
Justificación oficial: seguridad y prevención
En una tarjeta informativa, la SCJN explicó que la decisión se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que mantener los vehículos actuales comprometía la operación y la seguridad de los ministros.
“El reemplazo de las unidades responde a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales”, subrayó el alto tribunal, enfatizando que el objetivo principal es garantizar condiciones mínimas de protección para el ejercicio de la función jurisdiccional.
El respaldo normativo de la decisión
La compra de las camionetas también fue justificada con base en el Acuerdo General de Administración 2019, una norma interna que regula el uso y renovación de bienes materiales dentro de la SCJN.
En su artículo 32, el acuerdo establece que los vehículos destinados al apoyo de la Dirección General de Seguridad pueden ser reemplazados tras cumplir cuatro años de servicio, o antes, si las condiciones del automotor no resultan seguras, siempre que exista un dictamen técnico que lo avale.
Según la Corte, este criterio se cumplió en el caso de las unidades sustituidas, lo que permitió avanzar con la adquisición sin contravenir la normativa vigente.
Costos y percepción pública del gasto
El precio de mercado de las camionetas Jeep Cherokee, que va de 1.07 a 1.77 millones de pesos por unidad, generó cuestionamientos sobre la austeridad y la priorización del gasto público, especialmente en un contexto nacional marcado por restricciones presupuestales.
Aunque la SCJN no detalló si las unidades cuentan o contarán con blindaje u otras adecuaciones de seguridad, el costo base ya coloca la compra dentro de los rangos más altos del parque vehicular gubernamental, lo que alimenta el debate sobre equilibrio entre seguridad y racionalidad financiera.
Desincorporación de vehículos para evitar mayor gasto
Para responder a las críticas, la Suprema Corte aseguró que la compra se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar un gasto adicional neto para la institución.
Este proceso implica dar de baja unidades antiguas, lo que, según el tribunal, permite compensar financieramente la inversión realizada y mantener una política de uso racional de los recursos públicos.
Seguridad institucional frente a escrutinio ciudadano
La decisión de la SCJN refleja un dilema recurrente en las instituciones del Estado: cómo garantizar la seguridad de altos funcionarios sin deteriorar la percepción pública sobre el manejo del dinero público.
Mientras el alto tribunal sostiene que la renovación vehicular es una necesidad operativa, el tema reabre la discusión sobre transparencia, prioridades y confianza ciudadana, especialmente cuando se trata de órganos encargados de impartir justicia y vigilar la legalidad.
Una decisión que seguirá bajo la lupa
La compra SCJN camionetas no solo implica una actualización logística, sino un caso que seguirá siendo analizado desde la óptica del control del gasto, la seguridad institucional y la responsabilidad pública.
En un país donde la legitimidad de las instituciones se construye también desde sus decisiones administrativas, cada adquisición de alto valor se convierte en un mensaje político que va más allá de lo estrictamente operativo.
