La jornada de la primera elección popular del Poder Judicial en México, celebrada el 1 de junio de 2025, evidenció un marcado contraste en Nuevo León: mientras la participación ciudadana a nivel nacional fue de aproximadamente el 13% , la clase política del estado se mostró muy activa y acudió a emitir su voto en diversas casillas. Este comportamiento sugiere una diferencia en la percepción de la relevancia o el impacto de este proceso entre los actores políticos y la ciudadanía en general.
Aunque se había anunciado que el gobernador de Nuevo León acudiría a una casilla al sur de la ciudad, no se presentó. Sin embargo, otros políticos locales sí ejercieron su derecho al voto, lo que fue destacado por medios locales. Esta participación de la élite política, en un contexto de baja afluencia general, podría ser interpretada como un intento de legitimar el proceso o de mostrar compromiso con la reforma judicial impulsada a nivel federal.
La elección judicial, aunque de carácter federal, tiene implicaciones directas para la política local, ya que se eligieron jueces y magistrados que operarán en el estado. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha detallado las fechas en que el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer los resultados electorales del Poder Judicial. Los resultados para ministros de la SCJN se esperaban para el 2 de junio, mientras que las magistraturas de Circuito se conocerán el 3 de junio y los jueces de Distrito el 10 de junio. Esto significa que el proceso de definición de los nuevos integrantes del poder judicial es continuo y mantendrá la atención política en los próximos días.
En otro frente de la política local, la tarifa del Metro en Monterrey ha experimentado un aumento gradual a 9.10 pesos a partir de este lunes 2 de junio, con incrementos de 10 centavos mensuales hasta 2030. Esta medida, implementada por el gobierno del estado, ha generado protestas y críticas por parte de los usuarios, quienes denuncian deficiencias en el servicio de transporte público. La gestión de esta inconformidad social representa un desafío significativo para la administración local y podría influir en la percepción pública de la gobernanza.
El Poder Judicial del Estado de Nuevo León también ha estado activo en la modernización de su sistema, con la integración de Carlos Mendoza Cano como Consejero de la Judicatura el 2 de junio de 2025, y la implementación de procesos judiciales a distancia para agilizar la resolución de casos. Estas acciones buscan mejorar la eficiencia y accesibilidad de la justicia a nivel estatal, aunque su impacto a largo plazo en la confianza pública y la independencia judicial aún está por verse en el contexto de la reforma federal.
La política en Monterrey se mueve entre la adaptación a las decisiones federales, como la elección judicial, y la gestión de problemáticas locales que afectan directamente a la ciudadanía, como el costo del transporte y la eficiencia de los servicios públicos.
