La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la entidad encargada de supervisar el uso de recursos públicos en México. Su misión es identificar irregularidades, promover sanciones administrativas y penales, y garantizar que los actos de corrupción no queden impunes. Sin embargo, los resultados recientes plantean dudas sobre su eficacia y objetivos reales.
Cada seis meses, la ASF entrega a la Cámara de Diputados un informe detallado que debería ser un pilar del combate a la corrupción. En él se incluyen las observaciones a las entidades fiscalizadas y el estado de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). A pesar de su relevancia, este informe pasa desapercibido, permitiendo que los cuestionamientos a su titular y desempeño sean mínimos.
¿Un cambio de enfoque o una narrativa conveniente?
El actual titular de la ASF asegura que su enfoque prioriza la prevención sobre la sanción. Según su narrativa, la disminución de observaciones no refleja menos corrupción, sino una mejora en los mecanismos de transparencia y capacitación de los servidores públicos. Sin embargo, este argumento contradice el mandato constitucional de la ASF, que exige acciones contundentes contra las discrepancias detectadas en el manejo de recursos públicos.
Los preocupantes números de 2024
Los resultados de la ASF en 2024 son alarmantes:
- Denuncias penales: Se presentaron solo 3 denuncias durante el año. Dos de ellas involucran a la Conade (2020) y una al municipio de Mezquital, Durango (2019).
- Denuncias del sexenio pasado: En toda la administración de López Obrador se registraron 17 denuncias: 11 relacionadas con Segalmex, 3 con la Conade y 3 con Diconsa.
- Procedimientos administrativos: Apenas un caso fue presentado ante el TFJA, relacionado con el ISSSTE (2019). Ninguna denuncia corresponde a irregularidades detectadas entre 2020 y 2022, años ya completamente fiscalizados.
Manipulación de resultados: Un golpe a la credibilidad
El visible descenso en las observaciones y denuncias despierta sospechas sobre el desempeño real de la ASF. Algunos expertos señalan que podría tratarse de un intento por «no incomodar» al poder político, en busca de la reelección del titular en 2026. Este comportamiento recuerda a otros órganos públicos que, bajo pretexto de autonomía, han diluido su efectividad para proteger intereses.
Casos emblemáticos que destacan la inacción
Segalmex: El mayor escándalo de corrupción del sexenio anterior
A pesar de los múltiples reportes sobre irregularidades en Segalmex, la ASF solo ha presentado 11 denuncias relacionadas con este caso. Este número contrasta con la magnitud del desfalco, que involucra miles de millones de pesos.
Conade y Diconsa: Más denuncias, pero sin avances claros
Aunque la ASF presentó denuncias contra estas entidades, los montos observados y la gravedad de las irregularidades parecen no reflejarse en acciones concretas ante las autoridades.
El camino hacia 2026: ¿Fiscalización o política?
La preocupación principal es que la ASF esté dejando de lado su función de fiscalización superior para proteger intereses políticos. Este enfoque compromete su credibilidad y perpetúa la impunidad en la administración pública.
Para recuperar su papel como bastión contra la corrupción, la ASF debe:
- Retomar su enfoque en la sanción de irregularidades.
- Transparentar los procesos y resultados de su fiscalización.
- Evitar politizar su labor en busca de mantener o extender mandatos.
¿Un sistema debilitado?
La ASF debe ser una pieza clave en la lucha contra la corrupción, pero su inacción ante casos relevantes y la disminución en denuncias generan serias dudas sobre su efectividad. Mientras la narrativa se enfoca en la prevención, las cifras sugieren otra realidad: la falta de consecuencias para quienes desvían recursos públicos.
México necesita instituciones autónomas, capaces de fiscalizar sin restricciones políticas. La sociedad debe exigir que la ASF cumpla con su mandato constitucional y actúe en favor de la rendición de cuentas.
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