La ASF revela daño patrimonial de 1,600 millones en servicios de salud; Rocío Nahle anuncia denuncias contra exfuncionarios del gobierno de Cuitláhuac García
En abril de 2025, el Gobierno de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle, dio a conocer una de las investigaciones más serias de presunto desvío de recursos públicos en los servicios de salud del estado. A raíz de una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se documentó un posible daño patrimonial de más de 1,600 millones de pesos, originado durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García.
El escándalo no solo evidenció una red de adjudicaciones directas sin justificación legal, sino también la participación de empresas de reciente creación y proveedores ligados a tramas de corrupción. La gravedad del caso ha provocado un profundo sacudimiento político en la entidad.
La Contraloría al frente: “Se llamará a cuentas a todos”
Nahle fue clara y directa: nadie quedará impune. La Contraloría General del Estado ya presentó una denuncia formal, y se espera que exfuncionarios de alto nivel, incluyendo al exsecretario de salud, sean llamados a rendir cuentas. La promesa de limpiar la casa marca una línea divisoria entre la gestión actual y la anterior.
“Yo tengo que cuidar el patrimonio de Veracruz. Esa es mi función y la voy a cumplir”, sentenció la gobernadora.
Jorge Eduardo Sisniega: el operador clave en la sombra
Aunque los titulares de la Secretaría de Salud cambiaron durante el gobierno de Cuitláhuac García —Roberto Ramos Alor, Gerardo Díaz Morales y finalmente Guadalupe Díaz del Castillo Flores—, hubo una figura que mantuvo el control administrativo de principio a fin: Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo y hombre de absoluta confianza del exgobernador.
Bajo su gestión se firmaron múltiples contratos por servicios subrogados, como limpieza, fletes, alimentación y arrendamiento de equipo médico, muchos de los cuales ahora están bajo investigación penal.
Un patrón de corrupción: empresas fantasmas y adjudicaciones directas
La ASF identificó un esquema recurrente: se trataba de contratos por adjudicación directa, sin licitación pública, y con empresas de creación reciente. El modus operandi es conocido: compañías con pocos o nulos antecedentes, sin personal suficiente, sin infraestructura, pero beneficiadas con millones de pesos de recursos públicos.
Estos contratos irregulares no eran incidentes aislados, sino parte de un sistema organizado de corrupción dentro de la estructura administrativa de los servicios de salud.
La responsabilidad del Estado: auditar, denunciar y corregir
Rocío Nahle subrayó que la revisión no termina en la administración pasada. También se están revisando contratos firmados durante 2024, en el inicio de su propia gestión. “Encontramos cosas que no estuvieron bien”, admitió. Esta transparencia y disposición a corregir errores internos envía un mensaje claro: la nueva administración busca romper con la impunidad.
IMSS Bienestar y la continuidad de nombres polémicos
Uno de los personajes clave, Roberto Ramos Alor, quien renunció en 2022, hoy ocupa el cargo de director del IMSS Bienestar Veracruz. Su participación en el entramado de contratos será objeto de análisis, dado que su nombre figura en varios de los documentos cuestionados por la ASF.
El reto de sanear el sistema de salud
El caso Veracruz pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas estatales de salud ante prácticas corruptas. Equipamiento que nunca llegó, servicios que no se prestaron, alimentos de mala calidad para pacientes, y recursos que debieron ir a salvar vidas, pero que terminaron en cuentas personales o en empresas fachada.
El reto para Rocío Nahle y su equipo no es menor: reconstruir la confianza ciudadana, recuperar recursos desviados y establecer un nuevo estándar de legalidad y transparencia.
La auditoría forense: una herramienta contra la impunidad
La ASF implementó una auditoría forense, metodología especializada que no solo revisa papeles, sino que rastrea flujos financieros, identifica empresas fantasma y documenta redes de complicidad. Como resultado, se han iniciado 24 investigaciones formales contra funcionarios involucrados.
Esta técnica, poco común en el ámbito estatal, marca un antes y un después en el combate a la corrupción en Veracruz.
Una oportunidad histórica para limpiar el sistema
Veracruz está ante una encrucijada histórica. El sistema de salud, tan esencial para la vida de millones, fue corrompido por quienes debieron protegerlo. Hoy, con la acción de la Contraloría, la ASF y el compromiso público de la gobernadora, existe la posibilidad real de romper con un ciclo de impunidad.
No será fácil. Habrá resistencias. Pero si el caso se lleva hasta sus últimas consecuencias, podría marcar un precedente nacional en la lucha contra la corrupción en los servicios públicos.
