Aspirantes a elección judicial podrán ser denunciados por campaña anticipada: INE

Aspirantes a elección judicial podrán ser denunciados por campaña anticipada: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado un proyecto que establece un catálogo de infracciones y reglas para la elección judicial. Este acuerdo, en desarrollo, pondrá en el radar a los aspirantes que incurran en actos anticipados de campaña, sancionando no solo a quienes ya obtuvieron una candidatura, sino a todos aquellos que se inscribieron en el proceso de selección judicial.

¿Qué implica la campaña anticipada en el contexto judicial?

El tema de la campaña anticipada no es nuevo en la política mexicana. En elecciones anteriores, se ha observado que los aspirantes a diversos cargos políticos comienzan sus campañas mucho antes de la fecha oficial. Esto afecta la equidad de las elecciones, pues aquellos con más recursos y visibilidad obtienen ventajas sobre los demás competidores. Este acuerdo del INE busca regular esos comportamientos para garantizar que las elecciones judiciales se desarrollen bajo principios de igualdad y justicia.

La reforma: ¿quiénes se verán afectados?

A diferencia de las campañas políticas tradicionales, donde las prohibiciones se aplican a los candidatos electos, el INE ha propuesto que las restricciones se apliquen a todos los aspirantes durante el periodo de selección de candidaturas, no solo a aquellos que ya tienen la postulación oficial. La modificación fue sugerida por el consejero Arturo Castillo, quien argumentó que la prohibición de actos anticipados de campaña debe comenzar desde el inicio del proceso de selección y no solo después de la postulación de candidatos, para evitar inequidades.

¿Qué tipo de actos serán sancionados?

El proyecto establece que los aspirantes deberán abstenerse de realizar actos de campaña durante el periodo anterior a la oficialización de las candidaturas. Las infracciones incluyen la difusión de propaganda a través de medios como radio, televisión o redes sociales, la contratación de encuestas y sondeos públicos, y la entrega de beneficios directos o indirectos a votantes, ya sea en especie o en efectivo.

Además, la propuesta especifica que cualquier material de campaña que no sea biodegradable o contenga sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente también será sancionado, lo que refuerza el enfoque en la sostenibilidad y el bienestar social durante los procesos electorales.

Consecuencias para partidos políticos y funcionarios públicos

El acuerdo también extiende las sanciones a los partidos políticos y funcionarios públicos. Estos no podrán hacer uso de sus posiciones para incidir activamente en la campaña o posicionarse públicamente a favor o en contra de cualquier aspirante durante el periodo de selección. Los funcionarios tendrán prohibido participar en actividades de proselitismo durante las horas laborales o manifestarse públicamente sobre las candidaturas.

El desafío de mantener la equidad

La medida busca asegurar que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades de competir. Esto es particularmente importante en el caso de la elección judicial, donde la imparcialidad es crucial para la confianza en el sistema judicial mexicano. La regulación de actos anticipados de campaña y la entrega de beneficios tiene como objetivo evitar que los aspirantes se aprovechen de su posición para influir en el electorado antes de que comience oficialmente la contienda electoral.

Reflexión sobre la importancia de una campaña justa

En un contexto donde la política mexicana está marcada por la desconfianza hacia los procesos electorales, medidas como la que propone el INE resultan fundamentales. La transparencia y la equidad en las campañas judiciales son vitales para asegurar que el sistema de justicia siga siendo confiable y legítimo a los ojos de los ciudadanos.

Este enfoque en la prevención de la campaña anticipada es una muestra de que las autoridades electorales están comprometidas con garantizar procesos transparentes y justos. Sin embargo, también es necesario que los mecanismos de supervisión sean efectivos y que las sanciones realmente se apliquen para disuadir el uso indebido de recursos.

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