En México, miles de jóvenes con discapacidad siguen esperando una educación inclusiva real. A pesar de los avances en materia de derechos educativos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Programa de Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior (Pappems) no cumplió sus metas en 2024, dejando fuera al 80% de los alumnos registrados.
Según el dictamen de la Cuenta Pública 2024, el programa tenía asignados 29.8 millones de pesos, pero sólo se ejercieron 17.4 millones, lo que limitó el apoyo a apenas 6,733 estudiantes de los 33,269 matriculados. El resto del presupuesto —12.4 millones de pesos— fue transferido al ramo de previsiones salariales y económicas.
Recursos que no llegaron a las aulas
El Pappems fue creado para financiar adecuaciones en infraestructura, mobiliario y materiales didácticos destinados a estudiantes con discapacidad en planteles públicos. Sin embargo, 109 escuelas reintegraron los fondos porque los costos de proveedores superaban el monto máximo de 60 mil pesos por plantel.
Además, 39 centros educativos de Baja California, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán quedaron fuera porque sus gobiernos no formalizaron los convenios de colaboración necesarios. En Veracruz, 13 planteles no recibieron recursos debido a que no contaban con una cuenta bancaria específica.
El resultado: de 472 escuelas beneficiadas, sólo 420 recibieron recursos, pero más de un centenar los devolvieron sin poder ejecutar los proyectos.
Falta de control y seguimiento
La ASF subrayó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe rediseñar el programa para garantizar una gestión eficiente y transparente. Entre las principales observaciones, se destaca la ausencia de mecanismos de control y evaluación que permitan medir el impacto real de las acciones implementadas.
El organismo fiscalizador recomendó a la SEP actualizar el marco normativo del Pappems y definir con claridad las funciones y responsabilidades de la Subsecretaría de Educación Media Superior, encargada de su operación.
Estas deficiencias —señala la ASF— impiden generar información de calidad sobre las obras, el equipamiento y los beneficios reales para los estudiantes con discapacidad.
Historias detrás del informe
Más allá de las cifras, el dictamen refleja una realidad que se vive en muchos planteles del país: escuelas con rampas inadecuadas, materiales obsoletos y carencia de tecnología adaptada. En algunos estados, los alumnos dependen de la buena voluntad de los docentes y de la comunidad para poder asistir a clases.
“Nos dijeron que el programa llegaría este año, pero no pasó nada”, comenta una madre de familia en Veracruz.
Su hijo, con discapacidad motriz, debe recorrer cada día un plantel sin accesos adecuados ni equipo de apoyo.
Urge rediseñar la política de inclusión educativa
La ASF insistió en que el diseño del Pappems debe ser revisado a fondo. No basta con asignar presupuesto, sino garantizar que llegue a las escuelas que más lo necesitan. La inclusión educativa no puede depender de trámites burocráticos o de la falta de coordinación entre entidades federativas.
El informe de la ASF no solo evidencia errores administrativos, sino una deuda histórica con los estudiantes con discapacidad que siguen enfrentando barreras para acceder a una educación digna.
