En una revisión que pone el reflector sobre el manejo de los recursos públicos del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su segundo informe sobre la fiscalización de la Cuenta Pública del año 2024, correspondiente al último tramo del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según este documento, se han detectado irregularidades por 6 969 millones de pesos, de los cuales 1 146 millones ya fueron recuperados, mientras que 5 823 millones permanecen sin aclarar.
Este escenario marca un nuevo capítulo en la rendición de cuentas pública en México, con un foco especialmente claro en los gobiernos estatales y municipales, y en sectores clave como salud, infraestructura y educación.
¿Dónde se concentran las irregularidades?
La revisión de la ASF muestra que una abrumadora parte —más del 86 %— de los recursos observados (equivalente a 6 004 millones de pesos) corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios.
Estos fondos, que deben ser transparentes y sujetos a rendición de cuentas, presentan brechas de rendición en diferentes rubros:
- Salud: 1 591 millones de pesos sin aclarar.
- Infraestructura física y saneamiento financiero: 1 391 millones.
- Educación: 1 330 millones.
- Infraestructura social: 666 millones.
Paralelamente, en el ámbito federal, el gasto detectado asciende a más de 965 millones de pesos, de los cuales 802 millones aún requieren explicación. Dentro de este monto, destaca el Poder Judicial de la Federación con 272 millones de pesos pendientes de aclarar.
¿Por qué es relevante esta auditoría?
La labor de la ASF ha evolucionado para ampliar su alcance y reforzar la rendición de cuentas. Su historial y marco legal muestran que fiscalizar no sólo es revisar cifras, sino vigilar que cada peso público tenga destino y justificación. cuentapublica.hacienda.gob.mx+1
En este caso, al supervisar la Cuenta Pública 2024 —una entrega clave en el último año de la administración federal saliente— la auditoría pone en el tablero los retos persistentes de transparencia en estados y municipios, además de evidenciar los sectores de mayor riesgo. El informe también es relevante políticamente, pues se entrega a la Cámara de Diputados para su discusión, lo que abre la puerta a reclamos de mayor fiscalización legislativa.
¿Qué sectores están bajo el lente?
Los rubros más afectados por irregularidades son aquellos donde se concentra la responsabilidad social del gobierno:
Salud
Con 1 591 millones sin aclarar, este rubro es el de mayor cuantía. Los fondos destinados a medicamentos, servicios y atención pública demandan seguimiento para garantizar su entrega.
Infraestructura física y saneamiento financiero
Un total de 1 391 millones están en duda en este rubro: carreteras, obras públicas y saneamiento de entidades que utilizan fondos federales.
Educación
La cifra de 1 330 millones señala lagunas en el uso de recursos públicos en planteles, equipamiento, nómina o programas educativos que deberían beneficiar a la población.
Infraestructura social
666 millones de pesos están pendientes de aclaración en programas que deberían atender las necesidades básicas de comunidades vulnerables.
Esta clasificación permite identificar no sólo montos, sino áreas de acción y riesgo que requieren atención prioritaria.
Estados que destacan… y los que no tienen observaciones
En su informe, la ASF menciona que ciertos gobiernos estatales no recibieron observaciones en esta fase de la fiscalización de 2024: los de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.
En contraste, un alto porcentaje de las irregularidades se concentra en entidades estatales y municipales, lo que refuerza la noción de que el riesgo mayor se encuentra al nivel subnacional.
Estos contrastes marcan dos realidades: por un lado, gobiernos con buenas prácticas y entrega oportuna; por otro, aquellos donde los procesos de auditoría, control interno y rendición de cuentas tienen deficiencias.
Recuperaciones y montos pendientes: ¿qué sigue?
El informe informa que la ASF recuperó 1 000 millones de pesos sólo en esta segunda entrega de auditorías, y que el total acumulado durante su gestión asciende a 28 000 millones de pesos.
Al mismo tiempo, la ASF espera sumar aproximadamente 2 000 millones de pesos adicionales en auditorías aún en curso y que la información final se presente en febrero de 2026.
Este doble dato es clave: muestra tanto la capacidad de recuperación de recursos públicos como la persistente necesidad de aclaración y seguimiento.
Implicaciones para la transparencia y la ciudadanía
Para la sociedad, estos hallazgos tienen varias implicaciones prácticas:
- Transparencia y confianza: la revelación de cifras elevadas de irregularidades sin aclarar erosiona la percepción de que los recursos públicos se gestionan de forma eficiente.
- Acción legislativa: la presentación de este informe ante la Cámara de Diputados abre la puerta a que los diputados fiscalicen, soliciten información adicional y promuevan sanciones o correcciones.
- Mejora institucional: los entes federales, estatales y municipales enfrentan un llamado claro a robustecer sus controles internos, mecanismos de auditoría y rendición de cuentas.
- Participación ciudadana: conocer dónde están los recursos, cómo se ejercieron y qué falta por aclarar permite a la ciudadanía exigir cumplimiento y vigilancia.
El informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024 pone en evidencia que, pese a los avances en fiscalización y auditoría, existen aún montos importantes —5 823 millones de pesos— que requieren explicación o aclaración. En un entorno donde la rendición de cuentas es clave para la salud financiera del país y la confianza ciudadana, resulta indispensable que los gobiernos y órganos de control respondan con transparencia, eficiencia y mecanismos de seguimiento claros.
La historia que se cuenta con estos datos no es únicamente de números: es una historia de recursos públicos, de compromiso gubernamental y de vigilancia ciudadana. Y en este capítulo, el papel de la ASF vuelve a cobrar relevancia.
