El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, ha dado un paso decisivo al anunciar la incorporación del municipio a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030. La medida, revelada el 21 de mayo, responde a los altos niveles de violencia que enfrenta la región, expuestos recientemente por el Índice de Paz México 2025.
Una Estrategia con Enfoque Integral
Durante el anuncio, Castañón destacó que el plan de seguridad no se limitará a operativos, sino que atacará las causas estructurales de la violencia.
“Se trata de atender las causas, fortalecer nuestras instituciones, investigar con inteligencia y coordinar con honestidad”, afirmó el alcalde.
Esta visión integral apunta a una transformación de fondo en la manera en que se gestiona la seguridad pública en el municipio, apostando por transparencia institucional, colaboración entre niveles de gobierno y modernización operativa.
La adhesión de Tulum a la estrategia nacional permitirá el acceso a mayores recursos federales, capacitación técnica, inteligencia compartida y una estructura de coordinación más sólida entre autoridades locales, estatales y federales. Esto resulta clave ante la presencia de grupos criminales, uno de los principales motores de violencia en la región.
Contexto Crítico: Tulum en el Índice de Paz
El contexto que rodea esta decisión no es menor. El Índice de Paz México 2025 sitúa a Quintana Roo como uno de los estados más violentos del país, y a Tulum como un foco rojo por su incremento en extorsiones, delitos de alto impacto y enfrentamientos entre grupos delictivos. Algunas de estas situaciones han generado incluso alertas para turistas internacionales.
La urgencia de intervenir con medidas eficaces se vuelve crucial para garantizar la seguridad de residentes y visitantes, además de proteger la imagen turística del destino, uno de los pilares económicos del estado.
“Este es un paso importante por la seguridad de las familias en Tulum.”
— Diego Castañón, presidente municipal
El Reto: Implementar y Recuperar la Confianza
El anuncio representa una apuesta política relevante, pero su impacto dependerá de la ejecución. La ciudadanía exige resultados visibles y sostenibles que reduzcan la violencia y restablezcan la confianza en las autoridades.
El reto no solo es logístico o presupuestal, sino también social: se requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno y comunidad para construir paz duradera y justicia efectiva. La administración de Castañón pone en juego capital político en esta estrategia, cuyo éxito o fracaso marcará su legado.
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