En su primer día de mandato, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que marca un giro en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos: la designación de cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Esta acción no solo amplía las facultades de las agencias federales para congelar activos, deportar a personas vinculadas y reforzar la seguridad fronteriza, sino que también introduce un marco legal que podría complicar la relación bilateral con México y otros países de la región.
En este artículo, exploramos las implicaciones de esta decisión, su marco jurídico, los desafíos de cooperación internacional y las posibles consecuencias para México y América Latina.
¿Qué implica la designación como terroristas?
La designación de cárteles y pandillas como terroristas globales (SDGT) tiene implicaciones significativas tanto para Estados Unidos como para los países involucrados:
Facultades extraordinarias para las agencias federales
- Congelamiento de activos: Los fondos vinculados a estas organizaciones en instituciones financieras estadounidenses serán bloqueados.
- Deportaciones inmediatas: Personas relacionadas con estos grupos podrían ser expulsadas de forma acelerada.
- Operaciones extraterritoriales: Se refuerza la colaboración con países aliados para desmantelar redes criminales en sus territorios.
Justificación: Control territorial e infiltración institucional
El documento argumenta que los cárteles han evolucionado más allá del crimen organizado, actuando como insurgencias armadas que controlan territorios y ejercen influencia cuasi-gubernamental en ciertas regiones de México.
Los cárteles como organizaciones terroristas: ¿Una comparación válida?
La clasificación de los cárteles como terroristas plantea preguntas sobre su fundamento jurídico y su aplicabilidad en el contexto mexicano.
Diferencias fundamentales
- Motivación: A diferencia de las organizaciones terroristas tradicionales, los cárteles mexicanos persiguen fines económicos y no ideológicos.
- Marco legal: Las disposiciones invocadas, como la Orden Ejecutiva 13224, fueron diseñadas para combatir amenazas de índole política, social o religiosa, no para enfrentar al crimen organizado.
Retos legales y derechos humanos
- Restricciones de derechos: La declaración de emergencia podría vulnerar derechos fundamentales, especialmente de ciudadanos mexicanos afectados por estas medidas.
- Soberanía nacional: La aplicación extraterritorial de estas disposiciones podría tensar las relaciones con México si no se respeta la jurisdicción local.
Retos para la cooperación internacional y bilateral
La orden ejecutiva de Trump subraya la necesidad de una cooperación más estrecha entre Estados Unidos y sus socios regionales. Sin embargo, también introduce desafíos significativos:
Relación México-Estados Unidos
- Desconfianza bilateral: La percepción de que Estados Unidos busca intervenir en asuntos internos mexicanos podría complicar la colaboración en materia de seguridad.
- Control de armas: La orden no aborda cómo las armas provenientes de Estados Unidos llegan a los cárteles, un tema crítico para México.
Normativa internacional
- Marcos de la ONU: Para garantizar legitimidad, las acciones deben alinearse con las convenciones internacionales sobre crimen organizado transnacional.
- Derechos humanos: Es esencial que cualquier medida respete principios como la proporcionalidad y la protección de derechos fundamentales.
Impactos en México y la región
Seguridad en México
La designación podría intensificar las acciones contra los cárteles, pero también generar desafíos:
- Aumento de tensiones en zonas controladas por cárteles.
- Riesgos para la población civil en operaciones conjuntas de seguridad.
América Latina: Una región en la mira
Países como Venezuela y El Salvador también podrían verse afectados, ya que grupos como el Tren de Aragua y la MS-13 están presentes en múltiples territorios.
Conclusión: Un enfoque controversial con impacto regional
La decisión de Trump de clasificar a cárteles y pandillas como terroristas representa un enfoque radical que redefine la relación entre Estados Unidos y México. Aunque busca reforzar la seguridad nacional y combatir al crimen organizado, plantea preguntas sobre su fundamento legal, su viabilidad en el contexto internacional y su impacto en los derechos humanos.
Para enfrentar este desafío, será crucial que ambas naciones trabajen juntas dentro de un marco de respeto a la soberanía y los principios internacionales, asegurando que las medidas tomadas realmente contribuyan a la estabilidad y seguridad regional.
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