El 30 de enero de 2025, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos partió desde la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, con rumbo a Guatemala. A bordo, al menos 80 migrantes deportados, entre ellos ocho menores de edad, viajaban bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, el vuelo experimentó un retraso inesperado de siete horas debido a una decisión del gobierno mexicano de prohibir el sobrevuelo de este avión militar sobre su espacio aéreo. Este incidente pone de manifiesto la creciente tensión entre los dos países en torno a la migración y las políticas de deportación.
El veto de México a vuelos militares de EE.UU.
La situación se desarrolló rápidamente cuando el portavoz de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Orlando Marrero, declaró que el vuelo militar programado, que normalmente tomaría menos de cuatro horas, se vio obligado a tomar una ruta mucho más larga para evitar el espacio aéreo mexicano. «El mensaje que tenemos para esas personas es que si cruzan la frontera ilegalmente, los vamos a deportar a su país de origen en cuestión de horas», agregó Marrero, sin mencionar el obstáculo del vuelo.
Reacciones y tensiones bilaterales
Este incidente, que involucró a un avión militar estadounidense transportando deportados, no es un hecho aislado. A lo largo de los últimos años, la administración de Donald Trump ha intensificado el uso de aviones militares para deportar a migrantes, reemplazando en parte los vuelos comerciales y chárter que previamente usaba la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La respuesta de México ante este cambio de estrategia, sin embargo, ha sido firme.
El gobierno mexicano no solo impidió el sobrevuelo, sino que también subrayó que «ninguna autoridad de los Estados Unidos ha solicitado autorización para un sobrevuelo», algo que, según los protocolos internacionales, debería haberse solicitado previamente. La Secretaría de Gobernación de México (Segob) emitió una declaración aclarando que no se había realizado la solicitud correspondiente para autorizar el paso de dicho avión militar sobre el espacio aéreo mexicano.
La nueva dinámica de las deportaciones y el rol de las fuerzas armadas
En un contexto más amplio, la administración de Trump ha incrementado la participación de las fuerzas armadas de EE.UU. en la gestión de la migración, lo que incluye la utilización de aviones militares para transportar a los migrantes deportados. Este tipo de medidas se han vuelto cada vez más comunes, con el Pentágono desplegando personal y equipos en la frontera para brindar apoyo en tareas como vigilancia y construcción de infraestructura fronteriza.
El caso de Colombia y la postura latinoamericana frente a las deportaciones
México no es el único país que ha tomado medidas frente a la creciente presencia de aviones militares de EE.UU. En un incidente similar, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el aterrizaje de aviones militares estadounidenses con migrantes a bordo, lo que generó tensiones diplomáticas. La reacción de EE.UU. fue firme, con Trump anunciando aranceles comerciales sobre las exportaciones colombianas. Sin embargo, tras una revisión de la situación, Colombia aceptó la presencia de los migrantes, pero con la condición de que se usaran aeronaves colombianas para garantizar la dignidad de los deportados.
Impacto y lecciones para la relación bilateral
Este incidente subraya las tensiones diplomáticas que han caracterizado la relación entre México y EE.UU. en los últimos años, especialmente en lo que respecta a las políticas de migración. La postura de México de no permitir vuelos militares estadounidenses sobre su territorio refleja una creciente preocupación por la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, México ha reiterado su compromiso con el diálogo y la cooperación con EE.UU., pero también ha dejado claro que defenderá los intereses nacionales, incluso cuando se trate de cuestiones tan sensibles como la migración.
A futuro: ¿Cómo responderá México a nuevas situaciones de este tipo?
Este conflicto de sobrevuelo plantea un escenario en el que México podría verse obligado a tomar decisiones similares en el futuro si las políticas migratorias de EE.UU. continúan siendo percibidas como una amenaza para la soberanía mexicana. En este contexto, el gobierno de México está reforzando sus mecanismos diplomáticos y de cooperación internacional, buscando siempre proteger los derechos de los migrantes, pero también equilibrar las demandas internacionales.
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