El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La decisión, aún pendiente de aprobación por la Audiencia Provincial de Madrid, podría sentar también en el banquillo a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín.
El uso del jurado popular en España se reserva principalmente a delitos relacionados con la utilización indebida de recursos públicos, buscando transparencia y participación ciudadana en la justicia.
Delitos investigados y alcance del proceso
Aunque Begoña Gómez enfrenta cinco posibles delitos —malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo—, el juez propone que solo la malversación sea juzgada por jurado.
Según el auto judicial, existen “indicios racionales, fundados y sólidos” que apuntan a la comisión de hechos delictivos, luego de una investigación que algunos críticos califican de “prospectiva”, método controvertido dentro del sistema de garantías judiciales español.
Detalles de la acusación
El juez atribuye la presunta malversación a la contratación de Cristina Álvarez como asesora, cuya función oficial era apoyar a Begoña Gómez en compromisos institucionales y públicos. No obstante, según la acusación, Álvarez también habría desempeñado tareas de carácter privado, relacionadas con negocios y proyectos personales de Gómez.
La instrucción del caso coincide con otra investigación abierta contra David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, lo que añade contexto político a las pesquisas.
Próximos pasos judiciales
Begoña Gómez, Álvarez y Martín deberán comparecer ante el juez el próximo sábado a las seis de la tarde, un horario poco habitual, para recibir la notificación formal de la instrucción. De aprobarse la propuesta de juicio por jurado, se fijará una fecha para el inicio del proceso, dando inicio a un caso que podría marcar precedentes en la política española.
El objetivo de someter la malversación a un jurado popular es garantizar que la decisión judicial refleje la percepción ciudadana sobre el manejo de recursos públicos y refuerce la transparencia en los casos de corrupción política.
Impacto y relevancia política
El caso ha generado gran atención mediática y política, ya que implica directamente a la familia del presidente del gobierno español. Expertos en derecho señalan que un juicio por jurado puede aumentar la legitimidad del proceso, pero también puede polarizar la opinión pública y generar debates sobre la independencia judicial y la influencia política en investigaciones de alto perfil.
