El ahorcamiento de Takahiro Shiraishi, el «asesino de Twitter», marca el fin de una moratoria de facto en la aplicación de la pena capital y pone al nuevo gobierno del Primer Ministro Shigeru Ishiba en el punto de mira de las organizaciones internacionales.
Japón ha puesto fin a una pausa de casi tres años en la aplicación de la pena capital. El 27 de junio de 2025, Takahiro Shiraishi, un hombre de 34 años conocido como el «asesino de Twitter», fue ejecutado en la horca por el asesinato y desmembramiento de nueve personas en 2017. La ejecución, la primera bajo el mandato del Primer Ministro Shigeru Ishiba, quien asumió el cargo en octubre de 2024, ha reavivado de inmediato un intenso debate nacional e internacional sobre la controvertida práctica de la pena de muerte en una de las democracias más grandes del mundo.
Un Crimen que Conmocionó a la Nación
El caso de Takahiro Shiraishi conmocionó a Japón y al mundo por su brutalidad y su origen en el oscuro mundo de las redes sociales. Shiraishi fue condenado en 2020 por asesinar a ocho mujeres y un hombre, de entre 15 y 26 años, a quienes contactó a través de Twitter. Sus víctimas eran personas vulnerables que habían expresado pensamientos suicidas en la plataforma. Shiraishi las atraía a su apartamento en Zama, cerca de Tokio, con promesas de ayudarlas a morir, para luego asesinarlas y desmembrar sus cuerpos. El caso desató una profunda reflexión en Japón sobre la soledad, la salud mental y los peligros de la alienación en la era digital.
Críticas Internacionales y la Postura del Gobierno
La respuesta de las organizaciones de derechos humanos no se hizo esperar. Amnistía Internacional condenó la ejecución calificándola de «un ataque cruel al derecho a la vida» y un «gran revés» para el historial de derechos humanos de Japón. La organización criticó duramente el secretismo que rodea a las ejecuciones en el país, donde los reclusos son notificados con apenas unas horas de antelación y sus familias solo se enteran después de que se ha llevado a cabo.
A pesar de la presión internacional, la pena de muerte cuenta con un sólido y persistente apoyo público en Japón, un argumento que el gobierno utiliza con frecuencia para justificar su mantenimiento, especialmente para crímenes de extrema gravedad. La reanudación de las ejecuciones bajo un nuevo primer ministro puede interpretarse como una señal política calculada. Al aplicar la máxima pena en un caso de tan alto perfil y que generó tanto horror en la sociedad, el gobierno de Ishiba proyecta una imagen de firmeza y decisión en materia de ley y orden, priorizando la opinión pública interna sobre las críticas del exterior.
Una Sociedad que se Enfrenta a sus Demonios Modernos
El caso Shiraishi encapsula una tensión fundamental en la sociedad japonesa contemporánea. Por un lado, es una tragedia nacida de problemas claramente modernos: la soledad en las grandes ciudades, la crisis de salud mental entre los jóvenes y el aislamiento fomentado por las redes sociales. Por otro lado, la respuesta del Estado es una de las formas de castigo más antiguas y tradicionales: la ejecución.
Esta yuxtaposición revela un desafío más profundo. Mientras Japón es un líder mundial en tecnología e innovación, sus instituciones sociales y judiciales a menudo luchan por adaptarse a las patologías de la era digital. La absolución en 2024 de Hakamada Iwao, un hombre que pasó casi 50 años en el corredor de la muerte antes de ser declarado inocente, ya había expuesto graves fallas en el sistema de justicia penal, pero no impulsó una reforma significativa. La ejecución de Shiraishi cierra un capítulo horrible, pero deja abiertas las preguntas sobre cómo la sociedad japonesa abordará las causas subyacentes que permitieron que una tragedia así ocurriera.
La vuelta de la soga a Japón es un recordatorio contundente de que el país sigue siendo una de las pocas democracias industrializadas que aplica la pena de muerte. La ejecución de Takahiro Shiraishi satisface un deseo público de retribución por crímenes atroces, pero también aleja a Japón de la tendencia abolicionista mundial y deja sin resolver las complejas cuestiones sociales y legales que el propio caso sacó a la luz.
