Hegseth confirmó que el gobierno de Estados Unidos no hará público un video inédito relacionado con el ataque del pasado 2 de septiembre contra una presunta narcolancha en el Caribe, un operativo que forma parte de una campaña militar más amplia en aguas cercanas a Venezuela y que ha generado cuestionamientos dentro del Congreso estadounidense y preocupación internacional.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró ante periodistas en el Capitolio que la decisión responde a protocolos históricos de seguridad nacional y a la clasificación del material audiovisual como información de máximo secreto. La afirmación se dio en medio de crecientes presiones legislativas para conocer más detalles sobre una serie de ataques navales que han dejado más de 80 personas muertas.
Hegseth y la postura oficial del Pentágono
De acuerdo con Hegseth, no existe ninguna intención de liberar el video completo del ataque, ya que su difusión podría comprometer capacidades militares sensibles, tácticas operativas y fuentes de inteligencia. “En consonancia con la política de larga data del Departamento de Guerra, no vamos a liberar para el público general un video completo e inédito sobre eso”, afirmó.
El funcionario sostuvo que el material está clasificado como “máximo secreto”, una categoría reservada para información cuya divulgación podría causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional. Bajo este argumento, el Pentágono mantiene un control estricto sobre los registros visuales de operaciones militares activas o recientes.
Presunta narcolancha y falta de pruebas públicas
El ataque del 2 de septiembre fue dirigido contra una embarcación que, según versiones oficiales, transportaba drogas en el Caribe. Sin embargo, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas públicas que confirmen esta acusación, lo que ha alimentado el debate político y mediático.
Organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores han cuestionado la narrativa oficial, señalando que la ausencia de evidencia verificable incrementa las dudas sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. La negativa a difundir el video inédito refuerza, para algunos críticos, la percepción de opacidad en la conducción de estos operativos.
Reuniones informativas con el Congreso de EU
Ante la presión política, Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezaron sesiones informativas a puerta cerrada con todos los miembros del Senado. Estas reuniones buscaban explicar los alcances de una campaña militar de aproximadamente tres meses y medio, que incluye más de 20 ataques contra embarcaciones en aguas cercanas a Venezuela.
Según fuentes legislativas, los senadores exigieron detalles sobre los criterios de selección de objetivos, las reglas de enfrentamiento y las consecuencias humanitarias de los ataques. Posteriormente, ambos secretarios replicaron el ejercicio ante el pleno de la Cámara de Representantes, en un intento por contener el descontento y reforzar la versión oficial del Ejecutivo.
Campaña militar y repercusiones regionales
La operación naval ha tenido un impacto significativo en la región del Caribe, una zona estratégica tanto para el combate al narcotráfico como para la geopolítica hemisférica. Los ataques, que han provocado la muerte de más de 80 personas, han tensado las relaciones con gobiernos y actores regionales que exigen mayor transparencia y respeto al derecho internacional.
Analistas señalan que la campaña refleja un endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos en el área, particularmente en un contexto de tensiones con Venezuela. Al mismo tiempo, advierten que la falta de información pública podría erosionar la credibilidad de Washington y generar costos diplomáticos a mediano plazo.
Secreto militar versus rendición de cuentas
El caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la protección de información clasificada y la rendición de cuentas democrática. Mientras el Pentágono insiste en que revelar el video pondría en riesgo operaciones futuras, sectores del Congreso consideran que el escrutinio es necesario cuando se trata de acciones que resultan en decenas de muertes.
Especialistas en seguridad apuntan que, históricamente, Estados Unidos ha utilizado versiones editadas o informes desclasificados para responder a controversias similares. Sin embargo, en este caso, la postura oficial se mantiene firme en no divulgar ningún fragmento del material audiovisual.
La decisión de Hegseth de no publicar el video inédito del ataque a la presunta narcolancha subraya la tensión constante entre seguridad nacional y transparencia. Aunque el gobierno estadounidense defiende el carácter clasificado del material, las dudas sobre el operativo y sus consecuencias humanas continúan alimentando el debate político y público. En un contexto regional sensible, la negativa a mostrar pruebas podría marcar un punto de inflexión en la percepción internacional sobre estas acciones militares y su legitimidad.
