Una crisis institucional sin precedentes en Perú. Patricia Benavides intenta retomar el cargo de Fiscal de la Nación, generando un choque directo con la JNJ y la Junta de Fiscales.
Perú se asoma a una grave crisis institucional después de que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, intentara retomar su cargo por la fuerza, desafiando a la Junta de Fiscales Supremos, que se niega a acatar la polémica orden de restitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El Ministerio Público de Perú es el escenario de un choque de poderes sin precedentes que amenaza con paralizar la justicia y agravar la ya profunda crisis política del país. La pugna por el cargo de Fiscal de la Nación ha escalado a un nivel de confrontación directa, con dos fiscales reclamando la titularidad de la institución.
Por un lado, la exfiscal Patricia Benavides, restituida por una controvertida decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), intentó tomar posesión de su despacho por la fuerza. Por otro, la actual fiscal interina, Delia Espinoza, respaldada por la Junta de Fiscales Supremos, se atrinchera en el cargo y califica la acción de Benavides como un «golpe a la democracia». En medio, una institución clave para la lucha contra la corrupción queda en un peligroso limbo de poder.
El Origen del Conflicto: La Polémica Restitución de Patricia Benavides
La crisis se desató cuando la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió una resolución que declaraba nulo el proceso disciplinario que, en diciembre de 2023, había destituido a Patricia Benavides. En consecuencia, ordenó su reincorporación inmediata como Fiscal de la Nación.
Cabe recordar que Benavides fue destituida por la anterior JNJ por unanimidad, acusada de faltas muy graves, entre ellas, la presunta interferencia en investigaciones penales para favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides, quien era investigada por supuestamente liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos.
El Desafío: La Junta de Fiscales Supremos se Declara en Rebeldía
La respuesta del Ministerio Público fue inmediata y contundente. La Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano de gobierno de la institución, se declaró en sesión permanente y anunció que no acatará la resolución de la JNJ, calificándola de ilegal e inconstitucional.
El argumento central de los fiscales supremos, entre ellos la fiscal en funciones Delia Espinoza y los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, es que, según la Constitución, solo la Junta de Fiscales Supremos tiene la atribución exclusiva de elegir al titular del Ministerio Público. Al intentar imponer a Benavides, la JNJ estaría usurpando sus funciones y violando la autonomía de la fiscalía. Como medida de protección, Delia Espinoza presentó un hábeas corpus preventivo para evitar una posible detención.
Crónica del Caos: La «Irrupción» de Benavides en la Sede Fiscal
La tensión legal se trasladó a una confrontación física. Acompañada de sus abogados y con una fuerte presencia mediática, Patricia Benavides se presentó en la sede principal del Ministerio Público para hacer efectiva su restitución.
Según testigos y reportes de prensa, Benavides «irrumpió en uno de los ambientes del Ministerio Público sin tener autorización» y forzó su entrada a una oficina restringida, lo que generó un ambiente de caos y disturbios internos. La situación escaló a enfrentamientos verbales y requirió la intervención de fiscales de prevención del delito para evitar que la confrontación pasara a mayores.
«Esta acción representa un golpe a la democracia. Se ha dejado vulnerable una institución clave del sistema judicial». – Delia Espinoza, Fiscal de la Nación en funciones.
Un Conflicto con Trasfondo Político
Analistas y expertos legales advierten que esta crisis no es una mera disputa jurídica, sino una batalla con un profundo trasfondo político. El columnista Martín Tanaka señala que Patricia Benavides ha convertido su defensa en una lucha de facciones, alineándose con la mayoría del Congreso, que la ha respaldado públicamente.
Esta pugna por el control de la fiscalía se enmarca en la prolongada inestabilidad que vive el Perú, con un Ejecutivo debilitado y un Congreso que ha sido acusado de legislar para favorecer intereses particulares y garantizar la impunidad. La incertidumbre sobre quién lidera la institución encargada de investigar los delitos más graves, incluyendo la corrupción en las altas esferas del poder, deja al sistema de justicia peruano en su momento más frágil de los últimos años.
