El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el plan del Ayuntamiento de Barcelona que restringía la apertura de locales de juego. En una rápida respuesta, el gobierno municipal ha decretado la suspensión inmediata de nuevas licencias durante un año.
Una batalla legal y política sobre el futuro de las casas de apuestas y salones de juego en Barcelona ha estallado hoy. El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a la política restrictiva del Ayuntamiento al anular parcialmente el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) en lo que respecta a la regulación de estos establecimientos.
La sentencia del alto tribunal tumba de manera específica los artículos que establecían una distancia mínima de 800 metros entre un nuevo local de juego y cualquier centro educativo, y de 450 metros respecto a otros equipamientos considerados «sensibles» como bibliotecas, centros cívicos o sanitarios. Estas medidas, aprobadas en el mandato anterior bajo el gobierno de Ada Colau, buscaban en la práctica congelar la expansión del juego en la ciudad y proteger a los colectivos más vulnerables.
La respuesta del actual gobierno municipal, liderado por el alcalde socialista Jaume Collboni, ha sido inmediata y contundente. Apenas unas horas después de conocerse el fallo, el Ayuntamiento ha publicado en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) un decreto que suspende la concesión de nuevas licencias para salones de juego, bingos y casinos en toda la ciudad por un periodo de un año, prorrogable a otro más.
Según fuentes municipales, esta suspensión «con efecto inmediato» tiene como objetivo ganar tiempo para redactar una nueva normativa que, respetando el marco legal establecido por el Supremo, mantenga el espíritu de la regulación anterior y evite una proliferación de este tipo de negocios.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha defendido la acción del consistorio como una medida necesaria para «proteger la salud pública» y combatir las adicciones al juego, especialmente entre los jóvenes y en los barrios con rentas más bajas.
Este choque entre el poder judicial y el municipal pone de manifiesto una tensión creciente en muchas ciudades europeas: el conflicto entre la libertad de empresa y la protección de la salud pública. Mientras las empresas del sector del juego defienden su actividad económica, los ayuntamientos y las asociaciones vecinales alertan sobre el impacto social negativo de la ludopatía. La decisión de Barcelona de contraatacar con una suspensión inmediata anticipa una nueva y prolongada batalla legal y política.
