En una decisión que promete redefinir el poder económico en las costas de Chile, el gobierno ha promulgado la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero. Conocida popularmente como la «Ley de la Merluza», esta legislación (Boletín 17096-21) altera fundamentalmente la distribución de las cuotas de captura de especies clave como la merluza común, la anchoveta y la sardina, en una movida que ha sido celebrada por unos y resistida por otros.
Esta no es solo una ley sobre peces; es una ley sobre justicia social, redistribución de la riqueza y el futuro de miles de familias que dependen del mar.
Corrigiendo una «Inequidad de 12 Años»
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha enmarcado esta ley como un acto de reparación histórica. Según el Ejecutivo, la legislación anterior generaba una distribución desigual que favorecía desproporcionadamente a la pesca industrial a gran escala, en detrimento de los pescadores artesanales que representan el tejido social y económico de las caletas a lo largo del país.
El objetivo es claro: fortalecer al sector artesanal. Se estima que la nueva distribución significará un traspaso neto de recursos de la industria a los pescadores artesanales de aproximadamente 160 mil millones de pesos chilenos (unos 170 millones de dólares), un impulso económico que busca revitalizar las economías locales costeras.
Una Batalla Librada en el Congreso y en las Calles
El camino para llegar a esta ley no fue fácil. Su tramitación estuvo marcada por una profunda tensión que reflejó la clásica lucha de «David contra Goliat».
La Presión Industrial: Las grandes empresas pesqueras, muchas de ellas con capitales extranjeros, advirtieron que la ley, en su versión original, haría inviables sus operaciones y provocaría la pérdida de miles de empleos directos e indirectos. Empresas como PacificBlu llegaron a anunciar el cierre de sus plantas.
La Furia Artesanal: Por otro lado, los pescadores artesanales llevaron su lucha a las calles. Durante meses, protagonizaron intensas y a veces violentas manifestaciones frente al Congreso en Valparaíso y en diversas ciudades costeras. Con barricadas y bloqueos, exigían una distribución más justa, llegando a pedir hasta el 70% de la cuota de la merluza común.
«Hoy sentimos alivio porque el acuerdo alcanzado respeta las condiciones mínimas que requiere nuestra empresa para mantener una operación viable. El parlamento y el ejecutivo encontraron una forma de favorecer al sector artesanal sin perjudicar los empleos industriales». – Marcel Moenne, Gerente General de PacificBlu.
El texto final de la ley es el resultado de un complejo acuerdo. Por ejemplo, para la merluza común, se estableció una fórmula dinámica: si la cuota de captura global anual supera las 35,020 toneladas, todo el excedente se asignará íntegramente al sector artesanal. Este tipo de soluciones de compromiso permitieron destrabar la negociación y evitar un colapso en el sector industrial.
La Verdad sin Rodeos: El Reflejo de un Chile Desigual
Esta ley es mucho más que una regulación técnica. Es un espejo de las tensiones sociales que han definido al Chile de la última década. La disputa entre los «pescadores artesanales» —símbolo del trabajo local y comunitario— y la «pesca industrial» —representación del gran capital y la concentración económica— es una metáfora de la lucha más amplia contra la desigualdad en el país.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero es un intento concreto de avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo. Si bien el resultado final es un equilibrio negociado, marca un precedente importante en la forma en que Chile concibe la distribución de sus recursos naturales, buscando un balance entre la eficiencia económica y la justicia social para quienes viven del mar.
