La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una nueva denuncia penal por «traición a la patria» tras firmar un tratado internacional. Este hecho se suma a la «crisis política crónica» que azota al país, impactando severamente la vida de los ciudadanos.
En un nuevo capítulo de la convulsa política peruana, la presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de una denuncia penal por el presunto delito de «traición a la patria». La acusación surge tras la firma por parte de la mandataria del «Tratado de Alta Mar» durante un viaje a Francia. Este evento se inscribe en el marco de una «crisis política crónica» que, según expertos y la propia ciudadanía, está llevando al país a un peligroso estancamiento económico y a una profunda desesperanza social.
Una Crisis que No Da Tregua
Perú ha vivido una inestabilidad política extrema, con seis presidentes en tan solo ocho años, un síntoma de la fragilidad institucional y la constante pugna de poder. Esta volatilidad tiene consecuencias directas y palpables en la vida cotidiana de los peruanos. Una encuesta de Idea Internacional e Ipsos reveló que un alarmante 86% de la población considera que la inestabilidad política afecta su día a día.
Esta afectación se traduce en múltiples carencias. Mientras algunas zonas urbanas cuentan con servicios básicos, en las áreas rurales persiste la falta de acceso a agua potable, electricidad e internet. La economía también sufre: la alta informalidad laboral (superior al 60%), la corrupción endémica y un sistema judicial percibido como débil e ineficiente frenan la inversión tanto nacional como extranjera. La desconfianza en la clase política es generalizada, ubicando a Perú entre los países con menor credibilidad en sus líderes según Latinobarómetro.
El Latinobarómetro ubica al Perú entre los países de la región con menor confianza en la clase política. En consecuencia, “el camino hacia el populismo y el autoritarismo queda allanado”, advierte un informe del Atlantic Council.
La llegada de Dina Boluarte a la presidencia, tras el fallido autogolpe y destitución de Pedro Castillo, estuvo marcada por masivas protestas que fueron violentamente reprimidas. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que dejó un saldo de 49 civiles muertos, y han señalado que algunas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Este legado de represión y la falta de justicia para las víctimas continúan siendo una herida abierta que socava la legitimidad de su gobierno.
Impacto de la Crisis Política Crónica en la Vida del Peruano
| Área de Impacto | Indicador/Dato Clave | Fuente Principal |
|---|---|---|
| Percepción Ciudadana | 86% siente afectado su día a día por la inestabilidad política | Idea/Ipsos |
| Confianza en la Clase Política | Entre las más bajas de América Latina | Latinobarómetro |
| Acceso a Servicios Básicos (Rural) | Carencias significativas en agua potable, electricidad, internet | |
| Economía | Estancamiento, alta informalidad (>60%), baja inversión | |
| Salud Mental | Incremento de estrés y ansiedad, exacerbado por la crisis post-pandemia | |
| Educación | Afectada por falta de financiamiento, desigualdad y conflictos | |
| Derechos Humanos (Contexto Boluarte) | 49 civiles muertos en protestas, denuncias de uso excesivo de fuerza | CIDH, HRW |
La «Traición» como Síntoma de una Guerra Política Más Profunda
La reciente denuncia por «traición a la patria» contra la presidenta Boluarte, vinculada a la firma de un tratado internacional de protección oceánica, parece ser más un instrumento de la encarnizada lucha política peruana que una preocupación genuina por la soberanía nacional en los términos tradicionales del delito. En un entorno donde las acusaciones legales y los procesos de destitución son herramientas habituales en el arsenal político, esta nueva denuncia probablemente busca desestabilizar aún más a un gobierno ya frágil y movilizar a la oposición.
Esta táctica, sin embargo, desvía la atención de los problemas estructurales que ahogan al país: la incapacidad del Estado para proveer servicios básicos de calidad, la falta de oportunidades económicas y la profunda brecha de desigualdad. La crisis política no solo ha paralizado la gestión pública, sino que ha erosionado el contrato social. Cuando un porcentaje tan alto de la población siente que la política impacta negativamente su vida y no ve mejoras tangibles, la confianza en el sistema democrático se desvanece, abriendo peligrosas puertas al populismo y al autoritarismo.
El trauma no resuelto de la represión violenta de las protestas sigue siendo una sombra sobre la administración Boluarte. La ausencia de justicia para las víctimas y sus familias dificulta cualquier intento de reconciliación nacional y merma la capacidad del gobierno para construir consensos y liderar al país hacia una salida de la crisis. Perú necesita urgentemente reformas estructurales y una clase política dispuesta a priorizar el bien común sobre las disputas faccionales para evitar un mayor deterioro económico y social.
