EE.UU. deporta a miles de migrantes, pero México niega ser «tercer país seguro» y Costa Rica los deja en un vacío legal. Descubre por qué te importa
Una política de deportación de Estados Unidos ha creado una crisis secundaria, dejando a miles de migrantes, incluidos niños, atrapados en un limbo humanitario y legal en México y Costa Rica, sin un camino claro hacia adelante ni hacia atrás.
La estrategia migratoria de Estados Unidos bajo la administración Trump ha generado una onda expansiva de consecuencias humanas y políticas a lo largo de América Latina. Con más de 65,000 migrantes deportados a México, la región enfrenta una crisis secundaria marcada por la incertidumbre legal y el sufrimiento humano, una situación que se replica de forma dramática en Costa Rica. Mientras los gobiernos intercambian declaraciones, miles de familias, muchas con niños, quedan atrapadas en un limbo desgarrador.
La tensión política es palpable. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado categóricamente que su gobierno haya aceptado formalmente convertirse en un «tercer país seguro», aclarando que no existe ningún acuerdo firmado en ese sentido. Esta postura crea un choque directo con la política estadounidense, que en la práctica externaliza su crisis fronteriza, transfiriendo la responsabilidad a naciones con menos recursos para gestionarla.
El resultado no es una solución, sino un desplazamiento del problema, creando nuevos focos de crisis humanitaria.
El agujero negro legal de Costa Rica
La situación en Costa Rica es un microcosmos de este caos legal. La justicia del país ha ordenado la liberación de migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos, pero simultáneamente ha dado a las autoridades migratorias un plazo de 15 días para definir su estatus legal. En la práctica, esto significa liberar a personas en una sociedad donde no tienen permiso de trabajo, acceso a servicios básicos ni un camino claro para regularizar su situación.
Las consecuencias de este vacío son devastadoras. Un informe de Human Rights Watch detalla las condiciones inhumanas que enfrentan estas personas incluso antes de ser expulsadas. Muchos, incluidos 81 niños, fueron detenidos en celdas fronterizas en Estados Unidos en condiciones descritas como «notoriamente abusivas»: hacinamiento, frío extremo, luces encendidas 24 horas al día y acceso limitado a duchas.
«Me encadenaron con las muñecas esposadas a la cintura y me pusieron grilletes en las piernas. Fue muy angustiante para los niños ver a sus padres esposados… Me sentí impotente. Me sentí como un criminal». – Baseem P., un hombre de 30 años de Afganistán deportado a Costa Rica, según Human Rights Watch.
La promesa rota y el costo humano
Esta experiencia traumática es solo el preludio del abandono que sienten al llegar a su nuevo destino. Los migrantes atrapados en Costa Rica expresan una profunda frustración, citando promesas rotas por parte del gobierno. No pueden regresar a sus países de origen, a menudo huyendo de la violencia o la persecución, pero tampoco pueden construir una vida en el país al que han sido enviados.
La narrativa de esta crisis se define por el crudo contraste entre las frías maniobras geopolíticas y las historias humanas de desesperación. Familias que presenciaron cadáveres en su travesía por la selva ahora enfrentan un futuro incierto en un país desconocido. Mujeres como Marwa, una musulmana que huyó de la opresión, ahora temen por el futuro de sus hijas en este limbo, luchando por no ser devueltas a un destino que consideran peor que la incertidumbre.
La política de deportación, presentada como una medida de control fronterizo, revela una profunda contradicción. Mientras la legislación estadounidense garantiza el derecho a solicitar asilo, la realidad en el terreno es una de crueldad, negación del debido proceso y, en última instancia, la creación de una crisis humanitaria que se extiende mucho más allá de sus fronteras.
