La noticia cayó como un golpe de memoria en Bolivia: Arturo Murillo, exministro de Gobierno durante el mandato interino de Jeanine Áñez, regresó al país no como político, sino como prisionero. Tras ser deportado desde Estados Unidos, un tribunal ordenó su prisión preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz.
El otrora hombre fuerte del gobierno transitorio enfrenta una serie de procesos judiciales por corrupción y sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos durante la crisis política de 2019. Lo que alguna vez fue poder y protagonismo, hoy es un recorrido entre juzgados, fiscales y barrotes.
Deportación desde Estados Unidos
Murillo fue detenido en 2021 en territorio estadounidense, acusado de conspiración para lavado de dinero. En 2023 recibió una condena de cinco años y diez meses de cárcel, pero en junio de 2025 obtuvo libertad anticipada por buena conducta. El destino no le permitió un respiro: fue deportado de inmediato a Bolivia, donde lo esperaba una orden de aprehensión.
Al aterrizar en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, policías lo escoltaron hacia celdas de detención temporal. Desde entonces, su futuro quedó marcado por procesos judiciales acumulados.
El caso de los gases lacrimógenos
El eje central de las acusaciones contra Murillo es el sobreprecio de USD 2,3 millones en la compra de gases lacrimógenos y equipos antidisturbios durante las protestas de 2019. Este proceso, conocido como “caso gases Ecuador”, se suma a otros expedientes que ya le han costado condenas en tribunales bolivianos.
La Fiscalía detalló que el exministro enfrenta 15 procesos penales: diez en juicio oral, dos en etapa preparatoria y tres en investigación preliminar. Entre las sentencias ya dictadas figuran ocho años de prisión por el caso “gases lacrimógenos Brasil” y cinco años y cuatro meses por “gases Ecuador”.
La decisión del tribunal
El procurador del Estado, Ricardo Condori, informó que el tribunal determinó la prisión preventiva de Murillo en San Pedro. La Procuraduría había solicitado su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, pero la sala judicial resolvió que debía permanecer en la capital.
A la salida de la audiencia, Murillo habló brevemente con la prensa:
“Con el tiempo se va a saber todo”, aseguró, dejando abierta la expectativa de nuevas revelaciones.
Del Senado al ocaso político
Antes de convertirse en una de las figuras más polémicas del país, Murillo fue empresario hotelero, diputado (2006-2010) y senador (2015-2019) por la alianza Unidad Demócrata (UD). En 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral, Jeanine Áñez asumió la presidencia interina y lo designó ministro de Gobierno.
En ese cargo, Murillo se convirtió en uno de los rostros más visibles de la represión a las protestas, consolidando un perfil duro que lo acompañaría hasta su caída.
Un país que no olvida la crisis de 2019
El Gobierno del MAS sostiene que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales, mientras que la oposición defiende la versión de una renuncia por presión ciudadana. En medio de esa grieta, el nombre de Murillo se convirtió en símbolo de las tensiones de un país que aún debate cómo narrar su propia historia reciente.
Hoy, con su regreso a Bolivia bajo arresto, la justicia tiene la última palabra sobre un político que pasó de la cúpula del poder al encierro.
